Washington DC, EE.UU. – En una nueva regulación establecida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las aerolíneas ahora están obligadas a emitir reembolsos automáticos en efectivo para vuelos cancelados o significativamente retrasados.
Estas normas, que entraron en vigor el 24 de abril, también exigen a las compañías aéreas mejorar la transparencia en la información sobre tarifas adicionales, como las de equipaje y cancelación de reservas.
Bajo las nuevas directrices, una demora se considera significativa si un vuelo doméstico se retrasa tres horas o más, y seis horas en el caso de vuelos internacionales. Además, las aerolíneas deberán reembolsar las tarifas de equipaje documentado si la entrega se demora más de 12 horas para vuelos domésticos y entre 15 a 30 horas para internacionales.
De acuerdo con la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, las tarifas por servicios no proporcionados, como la selección de asientos o la conexión a internet, también serán reembolsadas.
Esta medida responde al incremento de pedidos de reembolsos durante la pandemia de COVID-19, una época en la que las cancelaciones de vuelos fueron frecuentes.
Según Airlines for America, las reclamaciones de reembolsos han disminuido significativamente desde mediados de 2020 gracias a la oferta de tarifas completamente reembolsables y otras políticas que han mejorado la accesibilidad de los viajes aéreos. De 2020 a 2023, las principales aerolíneas de EE.UU. emitieron reembolsos por un total de 43.000 millones de dólares.
Además, una regla adicional exige que tanto aerolíneas como agencias emisoras divulguen de manera clara las tarifas por servicios adicionales desde el primer momento en que el cliente ve el precio y los horarios en los sitios web.
Las aerolíneas también deberán informar a los pasajeros sobre sus derechos a asientos garantizados, aunque pueden seguir cobrando por la elección de asientos específicos, como los de la fila de salida o los cercanos a la cabina.
Según Airlines for America, estas nuevas regulaciones podrían ahorrar a los consumidores más de 500 millones de dólares al año, asegurando una mayor protección y transparencia para los viajeros.
