Santo Domingo, RD.- Dicen que a lo imposible nadie está obligado y tal parece que la nueva ley de residuos sólidos se torna imposible para el sector turístico dominicano. La industria, que en 2025 recibió más de 11 millones de visitantes y tiene más de 4,000 millones de dólares en proyectos en ejecución o planificación, se encuentra en pie de guerra legislativa.
La reciente aprobación en el Senado de la República del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (No. 225-20) ha encendido las alarmas de un sector que ve en sus disposiciones tarifarias una penalización injusta y sin fundamento técnico. Recientemente, el presidente Luis Abinader promulgó la pieza, denominada «Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional», con 62 artículos que introducen modificaciones a decenas de disposiciones del Código Tributario dominicano, una especie de reforma fiscal que entra en vigor de forma inmediata con algunas afectaciones a la industria de viajes y turismo pero sin tocar el escudo protector de la Ley de Confotur que sostiene los incentivos al turismo.
La respuesta no tardó en llegar. En cascada, los principales gremios de la cadena de valor turística han emitido declaraciones de rechazo, sumándose a un frente común que agrupa a hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos, restaurantes y empresas de renta de vehículos. El llamado es uniforme: revisar, corregir y dialogar antes de que una norma mal calibrada dañe lo que más exporta la República Dominicana.
La chispa: tarifas sin soporte técnico
El detonante de la reacción gremial es concreto.
Este proyecto de modificación, aprobado recientemente de urgencia por el Senado de la República, redefine los escalones de aportes para el fideicomiso de la siguiente manera:
- RD$0 a RD$50 millones: Invariables (Micro y pequeñas empresas).
- RD$50 millones – RD$80 millones: RD$120,000.
- RD$80 millones – RD$100 millones: RD$150,000.
- Hasta RD$300 millones: RD$400,000.
- Hasta RD$500 millones: RD$500,000.
- Hasta RD$700 millones: RD$675,000.
- Hasta RD$1,000 millones: RD$700,000.
- RD$1,000 millones – RD$2,000 millones: RD$1.7 millones.
- Más de RD$2,000 millones: RD$3 millones.
La norma, además, no permite la deducibilidad de esa contribución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), según criterio emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en abril de 2026, lo que agrava el peso fiscal efectivo sobre las empresas.
El problema central, según los gremios turísticos, no es que exista una contribución para gestionar los residuos sólidos —objetivo que apoyan—, sino que los montos fueron fijados sin estudios técnicos, sin metodologías de cálculo transparentes y sin análisis de impacto que los sustenten.
En palabras de Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores: «La sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano. Las contribuciones vinculadas a la gestión de residuos deben responder a criterios objetivos y guardar una relación proporcional con la generación real de residuos, garantizando seguridad jurídica y un trato equitativo para todos los sectores productivos.»
El frente gremial: una coalición que se amplía
Lo que comenzó como una posición de Asonahores —el gremio hotelero más representativo del país, que ya había expresado su rechazo desde julio de 2025, cuando la Cámara de Diputados aprobó una versión anterior del proyecto— se convirtió rápidamente en una coalición que cubre prácticamente toda la cadena turística.
ADAVIT (Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo) se sumó de forma explícita al reclamo, respaldando la posición de que el esquema de contribuciones debe guardar relación con el tipo y volumen de residuos que genera cada actividad económica. Las agencias de viajes, que funcionan como el motor de comercialización del destino República Dominicana en los mercados internacionales, advierten que la incertidumbre regulatoria impacta directamente la percepción de estabilidad del país como destino de inversión turística.
ADOTUR (Asociación Dominicana de Operadores Turísticos) y OPETUR (Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana), que representan a quienes diseñan y venden los paquetes de experiencias dentro del país, también se unieron al llamado, compartiendo la preocupación de que las nuevas cargas fiscales afecten la estructura de costos de sus operaciones y, en última instancia, la competitividad de los productos turísticos dominicanos frente a otros destinos caribeños.
ASOTURE (Asociación de Turismo de la República Dominicana), junto con otras asociaciones regionales como Asoleste, Ashoresa, Ashonorte, AHRB, AHSD, Ahetsa y ProMiches, completaron un frente gremial de alcance nacional, desde Punta Cana hasta el Cibao, desde La Romana hasta Samaná.
A este bloque turístico se sumaron además la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri) e Inverotel, ampliando el reclamo más allá del alojamiento hacia toda la experiencia del visitante.
Las cuatro exigencias del sector
Los gremios no solo protestaron: articularon un pliego técnico claro. Su postura colectiva exige que cualquier esquema de contribución en materia de residuos sólidos cumpla cuatro condiciones:
- Proporcionalidad real. Las tarifas deben responder al tipo y volumen efectivo de residuos que genera cada actividad económica, no a los ingresos brutos de la empresa como único criterio.
- Incentivo al reciclaje. La normativa debe fortalecer los procesos de valorización y reciclaje, premiando a las empresas que ya invierten en gestión responsable, no penalizándolas con cargas iguales a quienes no lo hacen.
- Reconocimiento de inversiones previas. Muchas empresas del sector turístico han realizado cuantiosas inversiones en sistemas propios de gestión de residuos. La ley debe reconocer ese esfuerzo en lugar de ignorarlo.
- Seguridad jurídica. La normativa no debe generar incertidumbre legal que ahuyente la inversión extranjera ni afecte los compromisos ya adquiridos en proyectos turísticos en marcha.
Un sector que apoya la causa ambiental, pero exige rigor
Es importante subrayar lo que los gremios no están diciendo: no están en contra de la gestión ambiental ni de contribuir al manejo de los residuos sólidos. Su discurso es matizado y responsable. Asonahores lo expresó sin ambigüedades: el turismo respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la economía circular. Lo que rechazan es que esos objetivos legítimos sean perseguidos con una herramienta fiscal mal diseñada.
Esta distinción es políticamente relevante en un momento en que los estándares de sostenibilidad son cada vez más exigidos por los mercados internacionales y por los turistas que eligen el Caribe. Una República Dominicana que gestiona bien sus residuos es un activo competitivo; una reforma que encarece la operación del sector sin mejorar efectivamente el manejo ambiental es un pasivo doble: fiscal y reputacional.
Antecedentes: una batalla que viene desde 2025
Este no es el primer round. Cuando la Cámara de Diputados aprobó una versión anterior de la reforma en julio de 2025, los gremios turísticos pidieron formalmente al presidente Luis Abinader que observara el proyecto y lo devolviera al Congreso. El mandatario acogió ese llamado y anunció que lo reenviaría con observaciones técnicas, una decisión aplaudida por el sector como muestra de apertura al diálogo.
En abril de 2026, ante la presión del sector comercial, los cobros correspondientes al ejercicio fiscal 2025 fueron congelados temporalmente mientras el Congreso tramitaba una reforma tarifaria. Sin embargo, el proyecto que el Senado volvió a aprobar en junio de 2026 no satisfizo las observaciones planteadas, lo que generó esta nueva ola de pronunciamientos gremiales.
La DGII, por su parte, extendió el plazo para el pago hasta el 30 de junio de 2026, con opción a fraccionamiento hasta diciembre, pero aclaró que la obligación existe y que la contribución no es deducible del ISR, complejizando aún más el panorama fiscal para las empresas del sector.
El contexto: 11 millones de visitantes y US$4,000 millones en juego
Los números son elocuentes. República Dominicana recibió más de 11 millones de visitantes entre turistas y excursionistas en 2025, consolidándose como el principal destino turístico del Caribe. El sector tiene más de 4,000 millones de dólares en proyectos turísticos en ejecución o planificación, lo que lo convierte en uno de los principales motores de inversión y generación de divisas del país.
En ese contexto, la incertidumbre regulatoria no es un tema menor. Los inversores internacionales, las cadenas hoteleras y los tour operadores globales monitorean el clima legal y fiscal antes de comprometer capitales. Una reforma de residuos sólidos que eleva los costos operativos sin respaldo técnico, que no permite deducibilidad fiscal y que introduce ambigüedades jurídicas, puede tener un efecto disuasorio sobre proyectos que aún están en fase de decisión.
La petición final: legislar bien, no solo legislar
El llamado de los gremios turísticos dominicanos no es una negativa a cumplir con sus obligaciones ambientales. Es una demanda de calidad legislativa: que las normas que los gobiernan sean técnicamente sustentadas, ambientalmente efectivas y económicamente viables.
Todos los gremios involucrados reiteraron su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades en la construcción de ese marco legal. La pelota está ahora en el terreno del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El sector turístico —el que más divisas genera, el que más empleos directos e indirectos crea, el que pone a la República Dominicana en el mapa mundial— ha hablado con claridad.
La pregunta que queda en el aire es: ¿el Congreso y el Ejecutivo volverán a escuchar?
