Constanza, La Vega. – La prevención de riesgos legales comienza mucho antes de que se produzca una denuncia o una investigación. Esa fue la orientación central de la charla “La responsabilidad penal de las empresas en el nuevo Código Penal”, organizada por el Clúster Ecoturístico de Constanza y la Cámara de Comercio y Producción de La Vega en la Fundación Collado Gutiérrez, en Constanza.
La actividad, impartida por la abogada penalista Luz Díaz Rodríguez, reunió la atención sobre un cambio que obliga al empresariado a mirar más allá de los resultados comerciales: la forma en que dirige, supervisa y controla sus operaciones. La exposición puso el acento en la necesidad de identificar los riesgos propios de cada negocio y establecer medidas concretas para prevenir, detectar y responder ante posibles infracciones.
Del manual a la práctica
Entre las medidas destacadas figuran reglas claras de conducta, capacitación del personal, controles internos y procedimientos para recibir denuncias e investigar irregularidades. La idea esencial es que un programa de cumplimiento no puede quedarse en un documento elaborado para exhibirlo: debe aplicarse, revisarse periódicamente y dejar evidencia de que funciona.
Quedó evidenciado durante el encuentro que también resulta importante que la dirección asuma responsabilidades explícitas, que cada área sepa qué debe supervisar y que las fallas identificadas se corrijan a tiempo. En empresas pequeñas, estas medidas pueden adaptarse al tamaño, los recursos y los riesgos reales de la organización; la prevención no exige copiar la estructura de una gran corporación, sino establecer controles adecuados y demostrables.
Por qué el tema importa al turismo
En turismo, la operación cotidiana combina servicios, instalaciones, transporte, alimentos, actividades recreativas, manejo de datos personales, contratación de proveedores y contacto directo con visitantes y trabajadores. Cada uno de esos ámbitos requiere protocolos claros planteó la especialista. Un hotel debe revisar, entre otros asuntos, la seguridad de sus instalaciones, la formación de sus equipos y la respuesta ante incidentes; un operador de excursiones necesita procedimientos para evaluar riesgos, mantener equipos y coordinar a sus guías; y un alojamiento rural debe establecer pautas para piscinas, senderos, vehículos, alimentos y atención de emergencias.
La relación con terceros también importa. Proveedores, contratistas, intermediarios y socios comerciales deben operar con criterios definidos y responsabilidades identificables. La ausencia de controles, una supervisión deficiente o la falta de documentación pueden agravar una crisis y dificultar que la empresa demuestre qué medidas preventivas había adoptado.
El impacto no se limita a una eventual sanción. Un incidente puede interrumpir operaciones, elevar costos legales, deteriorar la confianza de clientes y aliados, afectar la reputación de un establecimiento y perjudicar la imagen del destino. Para una actividad que depende de la seguridad, la confianza y la calidad de la experiencia del visitante, la gestión de riesgos forma parte de la competitividad turística.
Un cambio legal que exige preparación
La Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, fue modificada por la Ley núm. 44-26. El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en los artículos 8 al 11 tiene prevista su entrada en vigor para el 5 de noviembre próximo. Al 28 de octubre, el Senado había aprobado un proyecto para diferir ese régimen hasta noviembre de 2028, pero la iniciativa aún debía completar su trámite en la Cámara de Diputados y recibir la aprobación correspondiente. Por tanto, las empresas deben verificar el estado legislativo actualizado y no asumir que la prórroga ya está vigente.
En términos generales, el nuevo régimen contempla que una persona jurídica pueda responder penalmente en determinadas circunstancias por hechos cometidos en su representación, vinculados con incumplimientos de sus deberes de dirección, control o supervisión. La responsabilidad de la empresa puede coexistir con la de las personas físicas involucradas. La aplicación concreta depende de los hechos y de las disposiciones legales correspondientes, por lo que cada organización debe recibir asesoría jurídica adaptada a su actividad.
La charla de Constanza adquiere así una dimensión práctica para el sector turístico: no se trata de generar alarma, sino de impulsar una cultura de prevención. Un primer paso es mapear los riesgos por área; luego, asignar responsables, capacitar al personal, documentar controles, habilitar canales para comunicar irregularidades y revisar periódicamente si las medidas funcionan.
La prevención como parte de la calidad turística
La iniciativa del Clúster Ecoturístico de Constanza y la Cámara de Comercio y Producción de La Vega pone sobre la mesa una tarea que compete a empresas de todos los tamaños. La preparación legal no sustituye la buena gestión: la fortalece. Y en turismo, donde la experiencia del visitante depende de múltiples servicios coordinados, una organización responsable protege a sus clientes y trabajadores, reduce vulnerabilidades y contribuye a la credibilidad del destino.
La presentación también dedicó atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un enfoque de prevención ajustado a su naturaleza, tamaño y riesgos. Asimismo, resaltó la importancia de documentar las actuaciones y corregir oportunamente las fallas identificadas.
Con lo tratado en el encuentro, el Clúster Ecoturistico de Constanza y la Cámara de Comercio y Producción de La Vega contribuyen a la actualización del empresariado local y a la promoción de una cultura de cumplimiento, transparencia y responsabilidad en el desarrollo de sus actividades.
El mensaje para las empresas es claro: conocer la norma es apenas el comienzo; convertirla en procedimientos cotidianos, verificables y proporcionales a los riesgos del negocio es el verdadero desafío.
