Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Turismo (Mitur) puso en vista pública la «Resolución Conjunta Marco Regulatorio del Subsector Turismo Náutico», un borrador que fija nuevas tarifas, prohíbe el alquiler comercial de motos acuáticas y exige licencia a las empresas del sector.
La propuesta establece tarifas para el registro, la inspección y los permisos de navegación de embarcaciones, y el documento está abierto a consulta hasta el 30 de octubre. Con el plazo a pocos días de vencer, armadores, clubes náuticos, marinas y operadores turísticos tienen poco tiempo para presentar sus observaciones.
Según el Mitur, la iniciativa busca ordenar las actividades recreativas, particulares, comerciales y deportivas que se realizan en las aguas jurisdiccionales del país. Al tratarse de un borrador, su contenido todavía puede cambiar.
Cuánto costaría navegar
El esquema de cobros depende del tamaño de la embarcación y la potencia de su motor: las tasas se calculan por pie de eslora y por caballo de fuerza (HP). Según el desglose conocido del borrador, se plantean estas cifras:
Servicio Tasa propuesta Registro o matrícula de embarcaciones US$4 por pie Renovación anual de matrícula US$1.50 por pie Inspección y certificado de navegabilidad US$3 por pie Transferencia de propiedad US$1.50 por pie Registro de artefactos náuticos US$1 por HP Renovación de registro de artefactos náuticos US$0.50 por HP Permiso temporal para embarcaciones extranjeras (y su renovación) US$5 por pie Entrada de embarcaciones procedentes del extranjero US$20 por llegada
Las embarcaciones que permanezcan más de seis meses en territorio dominicano deberían matricularse en el país u obtener el permiso de navegación correspondiente.
Fin al alquiler de jet skis
La medida que más ruido puede generar entre los empresarios es la prohibición del alquiler de equipos recreativos motorizados. El borrador veta el alquiler con fines comerciales o turísticos de motos acuáticas y equipos similares, entre ellos jet skis, wave runners, jetovator, yacht toy y flyboard. El uso privado de esos equipos en las playas seguiría sujeto a las resoluciones del Mitur.
Licencia anual para operadores
Las personas jurídicas que ofrezcan servicios de turismo náutico entre distintos puntos del país necesitarían una licencia anual renovable del Mitur. La exigencia alcanzaría a excursiones marítimas, pesca deportiva, buceo, esnórquel, parasailing, alquileres y actividades anfibias, con una excepción para yates extranjeros que cuenten con permiso temporal.
El texto también endurece las obligaciones de seguridad y de protección ambiental. Contempla medidas para reducir riesgos a pasajeros y tripulantes, prevenir la contaminación marina y asignar responsabilidades por embarcaciones abandonadas, cuyo retiro, remediación y reparación de daños correrían por cuenta del propietario. Quien incumpla podría ser investigado y ver suspendidas las operaciones de su embarcación mientras dure el proceso.
Una comisión para coordinar
Para aplicar el marco, la resolución crea una comisión interinstitucional coordinada por el Mitur. La integrarían Defensa, Medio Ambiente, Aduanas, la DNCD, Migración, la Armada, la Autoridad Portuaria y el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, junto a representantes de marinas, clubes náuticos y hoteleros. Tendría que reunirse al menos una vez por trimestre y proponer un plan nacional de turismo náutico. El resumen de la propuesta menciona además un plazo máximo de tres horas para responder solicitudes de entrada y salida de embarcaciones, un detalle cuyo alcance deberá precisarse en el texto final.
Qué busca resolver y a quién afecta
La propuesta apunta a un vacío conocido: una actividad que crece sin un régimen único que determine quién está registrado, quién opera con licencia y quién responde ante un accidente o una embarcación abandonada. La presencia de Migración, Aduanas y la DNCD en la comisión refleja también la preocupación por el control de las naves que entran y salen del país.
Los operadores de excursiones y deportes acuáticos enfrentarán licencia y requisitos de seguridad. Los negocios de alquiler de motos acuáticas son los más expuestos, pues la prohibición podría sacarlos del mercado. Los propietarios pagarían en proporción al tamaño de su embarcación, lo que encarece más a los grandes yates, y los visitantes extranjeros deberán hacer cuentas frente a otros destinos del Caribe.
Paralelo con el proyecto de ley del Senado sobre turismo náutico de recreo
El borrador del Mitur no avanza solo. En el Senado cursa el proyecto de Ley de Incentivo al Turismo Náutico de Recreo, con un alcance muy parecido: promover el turismo náutico reglamentando la navegación recreativa, particular, comercial y deportiva en aguas nacionales, e incluir la matriculación, la construcción y la reparación de embarcaciones.
El Senado lo aprobó en primera lectura el 26 de agosto, con un registro de accidentes a cargo de la Armada, límites de velocidad, equipos de salvamento obligatorios y reglas para las licencias de operadores. Una versión anterior ya había sido conocida por la cámara alta, pero no concluyó su trámite y perimió. El 15 de octubre, la Comisión de Turismo comenzó a leer el informe técnico que irá al pleno, tras recibir propuestas de cambios de Asonahores.
Ambos textos coinciden en la matriculación, las licencias de operadores y la seguridad, y en ambos la Armada tiene un papel relevante. La resolución, sin embargo, pone el acento en las tasas y las restricciones comerciales, mientras el proyecto de ley insiste en el fomento y la seguridad. Esa convivencia deja preguntas abiertas: si el Congreso aprueba la ley, la resolución tendría que ajustarse a ella, sobre todo en materia de tasas y licencias; habrá que precisar qué institución emite cada permiso para no duplicar trámites ni cobros; y queda por ver cómo encajaría la prohibición de las motos acuáticas con lo que decida el Legislativo.








