Barcelona, España. – El Ayuntamiento de Barcelona confirmó que no renovará las licencias de las más de 10,100 viviendas de uso turístico (HUT) existentes en la ciudad cuando expiren en noviembre de 2028, una medida que busca reincorporar esos inmuebles al mercado residencial y contribuir a aliviar la crisis de acceso a la vivienda que enfrenta la capital catalana.
La decisión convertirá a Barcelona en una de las primeras grandes ciudades europeas en eliminar prácticamente la totalidad de los apartamentos turísticos regulados.
El anuncio fue realizado por el alcalde Jaume Collboni, quien argumentó que la ciudad no puede sostener un modelo en el que miles de viviendas permanezcan destinadas exclusivamente al turismo mientras el costo de los alquileres y de la vivienda continúa alcanzando niveles históricos.
«La ciudad no puede permitirse tener viviendas dedicadas exclusivamente a la actividad turística mientras existe un déficit claro de oferta que ha multiplicado el precio del alquiler», afirmó el alcalde al defender la medida. Posteriormente reiteró que la decisión de extinguir las licencias es «firme» y responde a una cuestión de «principios y responsabilidad» frente a la crisis habitacional.
Una medida que se gestó durante más de una década
La decisión no surgió de manera repentina. Barcelona lleva más de diez años intentando controlar la expansión de las viviendas turísticas. Durante ese período impuso moratorias para nuevas licencias, reforzó las inspecciones contra alojamientos ilegales, limitó la apertura de nuevos establecimientos turísticos y promovió reformas normativas para contener el crecimiento del fenómeno.
El punto de inflexión llegó con el decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña en 2023, que convirtió las licencias de viviendas de uso turístico en autorizaciones temporales con una vigencia máxima de cinco años en los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. Esa normativa otorgó a los ayuntamientos la facultad de decidir si renovaban o no dichas licencias una vez vencieran. Barcelona optó por no hacerlo.
Como consecuencia, las 10,101 licencias actualmente vigentes expirarán en noviembre de 2028 y las viviendas deberán regresar al mercado residencial, salvo que una futura administración modifique la política municipal.
Turismo exitoso, pero con fuertes tensiones urbanas
Barcelona recibe cada año millones de visitantes y se ha consolidado como uno de los principales destinos urbanos de Europa.
Ese crecimiento turístico ha generado importantes beneficios económicos para hoteles, restaurantes, comercios, transporte y servicios, pero también ha intensificado un fenómeno conocido como turistificación, caracterizado por el desplazamiento progresivo de residentes hacia zonas periféricas debido al incremento del precio de la vivienda y la sustitución del uso residencial por actividades orientadas al visitante.
Diversos estudios y organizaciones vecinales sostienen que la proliferación de apartamentos turísticos redujo la disponibilidad de viviendas para alquiler permanente, especialmente en barrios históricos como Ciutat Vella, el Gòtic, el Born y la Barceloneta, donde una parte significativa del parque inmobiliario pasó a destinarse al alojamiento temporal.
Aunque economistas y especialistas mantienen posiciones divididas sobre el peso específico que tienen las rentas cortas en el aumento de los precios —al señalar que también influyen factores como la escasez de suelo, la limitada construcción de vivienda y la inversión inmobiliaria—, el Ayuntamiento considera que recuperar más de diez mil viviendas contribuirá a ampliar la oferta residencial y aliviar parte de la presión sobre el mercado.
Un fuerte impacto para el sector de las rentas cortas
La decisión representa uno de los mayores cambios regulatorios para el mercado europeo de alojamientos turísticos.
Empresas gestoras, propietarios y plataformas como Airbnb han manifestado que eliminar los pisos turísticos no resolverá por sí solo el problema del acceso a la vivienda y advierten que la medida podría afectar miles de empleos, reducir la oferta de alojamiento para visitantes y concentrar aún más la demanda en los hoteles.
Airbnb ha sostenido que las restricciones aplicadas durante la última década no demostraron una reducción significativa del precio de los alquileres y ha pedido a las autoridades explorar soluciones que combinen la protección del derecho a la vivienda con un modelo turístico sostenible. El Ayuntamiento, sin embargo, mantiene que la prioridad debe ser devolver el uso residencial a las viviendas existentes.
Una decisión que trasciende Barcelona
La política impulsada por Barcelona ya comienza a influir en otros municipios del área metropolitana.
Ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà, Esplugues y Sant Feliu han anunciado que seguirán una estrategia similar y tampoco renovarán las licencias de viviendas turísticas cuando expire el plazo legal en 2028.
La experiencia de Barcelona es seguida con atención por otros destinos turísticos internacionales que enfrentan desafíos similares, entre ellos Ámsterdam, Lisboa, París, Florencia y varias ciudades estadounidenses, donde el rápido crecimiento de las plataformas de alquiler de corta duración ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico, el derecho a la vivienda y la sostenibilidad urbana.
Más allá de sus efectos inmediatos sobre el mercado inmobiliario, la decisión marca un cambio de paradigma en la gestión del turismo urbano: por primera vez, una gran capital europea opta por retirar de manera generalizada las licencias de apartamentos turísticos para priorizar el uso residencial del parque habitacional.
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