Santa Marta, Colombia. – El puerto colombiano de Santa Marta, que durante décadas embarcó carbón hacia el mundo, fue esta semana el escenario donde 57 países se reunieron para discutir cómo clausurar precisamente esa economía en la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, que llegó a algunas conclusiones y acuerdos pero en la que los grandes productores y contaminadores del planeta como EEUU, China, Arabia Saudita, entre otros, no fueron ni invitados.
Cinco días de diálogos, más de 1,500 participantes y un contexto geopolítico que no pudo ser más elocuente: mientras las delegaciones debatían la transición energética, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparaba el barril de petróleo por encima de los cien dólares y dejaba sin queroseno a aeropuertos de media Europa. La urgencia llegó sola, sin necesidad de argumentos adicionales.
Todo comenzó en la COP30 en Belém do Pará, Brasil, cuando 25 países firmaron la declaración política que daría origen a la conferencia. Su texto es el fundamento jurídico y moral de cuanto se discutió en Santa Marta: «Nosotros, los abajo firmantes, reafirmamos nuestra determinación compartida de trabajar colectivamente hacia una transición justa, ordenada y equitativa más allá de los combustibles fósiles, alineada con trayectorias compatibles con limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C.»
La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, había fijado el espíritu de la convocatoria desde Belém: «Esta será una amplia plataforma intergubernamental y multisectorial, complementaria a la CMNUCC, diseñada para identificar las vías legales, económicas y sociales necesarias para llevar a cabo la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.»
Lo que distinguió a Santa Marta de otras cumbres climáticas fue precisamente eso: no se convocó a casi 200 países a negociar un consenso imposible, sino a un grupo más reducido ya comprometido con la transición, dispuesto a pasar de las declaraciones a los mecanismos concretos.
El documento oficial de cierre, los Co-host Takeaways emitidos este jueves 30 de abril, establece el diagnóstico sin eufemismos: «Los combustibles fósiles son responsables de más del 75% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Con el 75% del mundo dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, el actual conflicto en Oriente Medio ha puesto de manifiesto la urgencia de avanzar hacia suministros energéticos más estables.»
El mismo documento registra, como contrapeso, que la capacidad mundial de energías renovables en 2025 es casi un 50% superior a la de 2023, y que casi toda la nueva demanda de energía ya se cubre con fuentes limpias.
El encuentro, liderado por Colombia y los Países Bajos, buscó impulsar soluciones concretas para proteger la vida, los territorios y enfrentar la crisis climática global.
Los ejes del debate en la Conferencia de Santa Marta
Los debates se organizaron en torno a tres ejes. El primero fue la dependencia fiscal: cómo los países cuyas arcas viven del petróleo o el carbón pueden financiar su propia salida de esos ingresos. «La dependencia fiscal de los combustibles fósiles no es solo un problema presupuestario, sino también un desafío más amplio de transformación económica estructural.
Los participantes enfatizaron una coordinación más estrecha entre ministerios —en particular los de finanzas, energía y medio ambiente— como esencial para abordar esta dependencia de manera efectiva.»
Entre las herramientas propuestas figuraron los canjes de deuda por inversión climática, la reforma de regalías, los impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas fósiles y la creación de fondos soberanos de transición.
El segundo eje fue la transformación de la oferta y la demanda
El documento oficial es explícito en que el cambio no puede limitarse a la generación eléctrica: «El cambio de combustible debe extenderse más allá de la generación de energía hacia el transporte, los edificios, la industria, el turismo, el flete, los petroquímicos, los fertilizantes y los sistemas alimentarios.»
Para el cierre planificado de la extracción, los participantes acordaron herramientas como la suspensión de nuevas licencias de explotación, la creación de zonas libres de combustibles fósiles y la subasta del cierre de plantas productoras a lo largo del tiempo, combinadas con planes territoriales de reconversión laboral.
El tercer eje fue la cooperación internacional
«Muchas barreras para la transición más allá de los combustibles fósiles no pueden superarse mediante la acción nacional por sí sola. La diversidad de vías de los países participantes, incluidos productores y consumidores, con diferentes capacidades económicas, regulatorias, tecnológicas y financieras, también podría ser una fuente de fortaleza si se traduce en formas diferenciadas pero mutuamente reforzantes de cooperación.»
Fue en este pilar donde emergió con más fuerza la propuesta de un Tratado Internacional sobre Combustibles Fósiles —ya respaldado formalmente por 18 países— estructurado sobre tres columnas: transición justa, no proliferación y eliminación planificada y progresiva.
La conferencia entregó cinco resultados formales:
- Una segunda conferencia convocada para inicios de 2027, copresidida por Tuvalu e Irlanda.
- Un grupo de coordinación permanente que incluirá a países como el Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia y las Islas Marshall.
- El envío de los resultados a la Presidencia de la COP30 para alimentar su hoja de ruta, con presentaciones en Bonn, Londres y Nueva York.
- Tres líneas de trabajo operativas sobre hojas de ruta nacionales, arquitectura financiera y alineación entre productores y consumidores.
- Y el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), cuya misión es ayudar a los países a desarrollar roadmaps alineados con 1.5°C y desmantelar barreras legales, financieras y políticas.
Las grandes economía no participaron
El mapa de presencias y ausencias define los límites reales del acuerdo. Estuvieron, entre otros, Angola, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Francia, Alemania, Italia, México, Nigeria, Noruega, España, Suecia, Türkiye, Reino Unido, Uruguay y el Vaticano. Pero Estados Unidos no fue invitado —los organizadores excluyeron a la administración Trump por sus acciones contra la transición energética— y China, el mayor emisor del mundo, tampoco participó. Ni Arabia Saudita, ni Emiratos Árabes Unidos, ni Rusia, ni ninguno de los grandes estados petroleros del Golfo.
Los 57 países reunidos representan el 30% de la demanda energética mundial y el 20% del suministro global: una base real, pero insuficiente para mover sola la aguja del planeta.
Al cerrar la conferencia, la ministra Vélez Torres pronunció las palabras que quedaron como síntesis de la semana: «Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción de la vida; decidimos que la transición más allá de los combustibles fósiles ya no puede seguir siendo un eslogan, sino que debe convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo. Cuando las personas miren hacia atrás en el futuro, no recordarán únicamente esta conferencia. Recordarán si estuvimos o no a la altura del desafío de nuestro tiempo.»
Su colega neerlandesa, Stientje van Veldhoven, fue más concreta: «Los países convocados en Colombia representan aproximadamente el 30% de la demanda energética mundial y cerca del 20% del suministro energético global. Hemos comenzado a organizarnos a gran escala.»
Santa Marta no resolvió la contradicción central del momento: los gobiernos tienen previsto extraer antes de 2030 más del doble de los combustibles fósiles compatibles con el límite de 1.5°C, y los subsidios a los fósiles proyectan alcanzar los 8.2 billones de dólares en 2030. Pero fue la primera conferencia donde los países se sentaron no a debatir si salir, sino a negociar cómo.
Con una guerra por el petróleo de telón de fondo, el argumento geopolítico llegó a reforzar el argumento climático. Pocas veces la urgencia y la oportunidad habían coincidido tan claramente en el mismo escenario.
