Grupos empresariales del sector turismo respaldan decisión del presidente Abinader de revisar la Ley de Residuos Sólidos

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Santo Domingo, RD. – Los gremios del sector turístico y hotelero de la República Dominicana manifestaron su apoyo al presidente de la República, Luis Abinader, por mostrar su apertura e interés en revisar el proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, recientemente aprobado por el Congreso Nacional.

“Valoramos profundamente esta disposición al diálogo, que evidencia su compromiso con una gestión ambiental responsable, la sostenibilidad del desarrollo turístico y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, expresaron.

Los gremios aseguraron estar convencidos de que, mediante un análisis técnico, participativo y transparente, será posible construir una legislación que respalde los objetivos de sostenibilidad del país, fomente la competitividad y asegure una gestión de residuos sólida, equitativa y alineada con los más altos estándares internacionales.

Los hoteleros dominicanos, representados por gremios como Asonahores, cuestionan la reciente modificación de la Ley de Residuos Sólidos por varias razones, entre las que destacan la exclusión del sargazo como residuo a valorizar, la potencial generación de monopolios, la limitación de la gestión directa de residuos y la falta de consideración de la competitividad del sector turístico.

“Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con el Gobierno y todos los sectores involucrados para garantizar que esta legislación refleje un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de nuestras comunidades.”

Desde que se dio a conocer el proyecto legislativo para regir la gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos convertida a la Ley 225-20 hubo cuestionamientos que se convirtieron en bandera de lucha con su reciente modificación.

De acuerdo con la pieza el objeto de la ley es prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización, así como regular los sistemas de recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización; con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población, así como disminuir la generación de gases de efecto invernadero, emitidos por los residuos.

El presidente Abinader afirmó este lunes durante La Semanal que aún nos veamos ha recibido del Congreso el proyecto de Ley, pero que tan pronto lo reciba hará modificaciones y lo devolverá al Congreso Nacional.

“Todavía no nos ha llegado formalmente la ley. Esperamos que nos llegue en los próximos días”, pero ya se han generado varios informes con observaciones y señalamientos sobre errores que contiene la legislación aprobada recientemente por los legisladores, expresó el mandatario durante LA Semanal con la prensa.

Prometió que reenviará al Congreso Nacional con una serie de observaciones la Ley de Residuos Sólidos, cuestionada por sectores empresariales y legisladores que evalúan que ella favorece a algún monopolio privado en el manejo de los desechos.

Líders empresriales reunidos en la sede de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental para plantear su posición frente a la Ley de Resíduos Sólidos.
Líders empresriales reunidos en la sede de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental para plantear su posición frente a la Ley de Resíduos Sólidos.

Entre las organizaciones empresariales que encabezan el movimiento para la modificación de la referida Ley se encuentran las asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), de Restaurantes (Aderes), de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), de Hoteles del Este (Asoleste), de Hoteles y Restaurantes de Santiago (Ashoresa de Hoteles Romana-Bayahibe (AHRB), de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), de Hoteles Juan Dolió, de Hoteles de Samaná (Ahetsa), Dominicana de Parques y Excursiones (Adopetur), de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte) y la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo-Miches (Promiches)

Principales críticas de los hoteleros a las modificaciones a la Ley 225-20

Exclusión del sargazo como residuo: Los hoteleros critican que la ley no incluya el sargazo dentro del marco legal para su manejo, a pesar de las millonarias inversiones que el sector turístico realiza para recolectar y disponer de estas algas que afectan las costas dominicanas.

Riesgo de monopolios y afectación a la libre competencia: Advierten que la nueva redacción de la ley podría favorecer la concentración de mercado y prácticas monopólicas, al limitar la operación de múltiples gestores y restringir la creación de nuevas infraestructuras de valorización, afectando la autonomía municipal y la competitividad del sector.

Restricción de la gestión directa de residuos: Se quejan de la imposición de la entrega obligatoria de residuos a gestores autorizados por los gobiernos locales, lo que limita la capacidad de las empresas y establecimientos turísticos para gestionar directamente sus residuos, limitando su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales.

Contribución especial desproporcionada: Asonahores calificó como desproporcionada la contribución especial contemplada para las empresas en el manejo de residuos, sugiriendo que debería basarse en la cantidad de desechos generados y no en el tamaño o ingresos brutos, lo cual perjudica a sectores como agencias de viajes y tour operadores.

Inseguridad jurídica y falta de diálogo técnico: Señalan la inseguridad jurídica en el tratamiento de permisos ya otorgados a plantas de valorización y la exclusión del sector privado del Fideicomiso de Residuos Sólidos, además de cuestionar la falta de vistas públicas durante el proceso legislativo, haciendo un llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo para un diálogo técnico y participativo para construir una legislación equilibrada.

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