Santo Domingo, RD. – Ambientalistas, expertos, figuras públicas y el propio Ministerio de Medio Ambiente expresaron su preocupación y rechazo ante la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país y parte de uno de los complejos ecológicos más valiosos del Caribe.
La Quinta Sala del TSA emitió la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, mediante la cual se ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y, en consecuencia, la modificación de los límites legales del Parque Nacional Jaragua para permitir, según la resolución, que ciertas tierras sean exclusivas de una acción administrativa que invoca normas sectoriales como la Ley de Polos Turísticos, aun cuando estén dentro del parque.
La decisión responde a una acción interpuesta por una empresa privada que busca aplicar la Ley núm. 266-04 en terrenos que, aun declarados Polo Turístico, se encuentran dentro de un Parque Nacional, la máxima categoría de protección ambiental.
El claro rechazo de organizaciones ambientalistas y figuras de la sociedad civil se basa en que este fallo judicial puede abrir una peligrosa puerta a la fragmentación y privatización de territorios formalmente protegidos por ley, debilitando así el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Advertencias de ambientalistas y defensores del patrimonio natural
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, que agrupa a organizaciones como el Grupo Jaragua y comisiones científicas, emitió un comunicado de profunda preocupación, alertando que la decisión podría validar pretensiones históricas de apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta, y que no se trata solo de un conflicto burocrático, sino de una amenaza directa a la integridad del patrimonio natural dominicano.
De manera similar, el exministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito calificó el fallo como “temerario”, advirtiendo que podría ser utilizado por intereses particulares para fragmentar áreas protegidas y socavar décadas de avances en conservación ambiental. Señaló que las áreas protegidas se establecieron sobre la base de estudios científicos y compromisos internacionales, por lo que ninguna omisión administrativa o cartográfica puede prevalecer sobre estos principios constitucionales y legales.
Estos defensores recuerdan que cualquier cambio en los límites de un parque nacional debe realizarse mediante ley aprobada por el Congreso, con participación pública y respaldo científico, no a través de decisiones judiciales que en los hechos podrían favorecer a intereses económicos o turísticos particulares.
Bahía de las Águilas: historia de disputa y recuperación del Estado
El temor que genera este fallo no es infundado si se tiene en cuenta la larga historia de intentos de apropiación de tierras dentro del Parque Nacional Jaragua, en particular en la Bahía de las Águilas, considerada una de las playas más cristalinas del mundo y parte integral del área protegida.
Desde finales de los años 1990, sectores particulares intentaron registrar y explotar grandes extensiones de tierra que legalmente pertenecen al Estado, lo que desató un largo proceso judicial de más de dos décadas. En varias instancias se comprobó que los títulos otorgados eran fraudulentos, y finalmente en 2018 la Suprema Corte dominicana confirmó que estas tierras son propiedad única y absoluta del Estado, ordenando que fueran inscritas legalmente bajo su nombre.
Este histórico proceso fue visto como una victoria significativa en defensa del patrimonio ambiental dominicano, pues evitó que áreas costeras de enorme valor ecológico y paisajístico pasaran a manos privadas en un contexto marcado por la especulación de tierras y el interés por desarrollos turísticos.
Preocupación por el futuro de las áreas protegidas
Expertos y activistas alertan que la actual decisión del TSA podría replicar o incluso exacerbar los mecanismos que antes permitieron reclamaciones fraudulentas. La Coalición teme que esto incentive una judicialización masiva del SINAP, generando incertidumbre jurídica y presión sobre ecosistemas frágiles.
La biodiversidad del Parque Nacional Jaragua —que abarca desde bosques xerófilos y manglares hasta zonas marinas —es considerada esencial no solo para la conservación de especies únicas en el Caribe, sino también para el equilibrio ecológico y actividades sostenibles como el ecoturismo.
Respuesta institucional y desafíos
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha rechazado la sentencia y ya inició procesos legales para anularla, argumentando que se viola tanto la Constitución dominicana como las leyes ambientales que rigen el SINAP y la protección de las áreas naturales.
El Ministerio advirtió que la sentencia desconoce el ordenamiento jurídico nacional, al utilizar un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida, lo cual no es procedente. Asimismo, señaló que la decisión vulnera la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04).
La institución También alertó que este precedente pone en riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por ello, el Ministerio procederá, por las vías legales correspondientes, a anular la sentencia y proteger el patrimonio natural del país.
Defensores señalan que más allá de litigios, es imprescindible fortalecer mecanismos técnicos de catastro ambiental y garantizar que estos no puedan ser utilizados para debilitar la protección legal de los parques nacionales, como el Jaragua, que representan un capital natural invaluable para las generaciones presentes y futuras.
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