Santo Domingo, RD. – La discusión sobre el futuro de las rentas cortas en República Dominicana ha entrado en una nueva etapa. Propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico, dominicanos residentes en el exterior y usuarios de plataformas de hospedaje lanzaron la campaña «Mi Propiedad, Mi Derecho», con la que buscan influir en la consulta pública abierta por el Ministerio de Turismo (MITUR) sobre dos proyectos de resolución que establecerían un nuevo marco regulatorio para este segmento del mercado.
La iniciativa surge pocos días antes de que concluya el proceso de recepción de observaciones convocado por el MITUR y plantea que las medidas propuestas podrían afectar el derecho de propiedad, incrementar la carga regulatoria sobre miles de pequeños inversionistas y reducir significativamente la oferta de alojamientos turísticos disponibles en el país.
Este fin de semana la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) solicitó formalmente al Ministerio de Turismo (MITUR) una extensión del plazo de la consulta pública del proyecto de resolución que regularía las rentas cortas en República Dominicana.
Un sector que ha transformado el mercado turístico
Durante la última década, las plataformas de alquiler de corta estancia, encabezadas por Airbnb y otras aplicaciones internacionales, se han convertido en uno de los fenómenos de mayor crecimiento dentro del turismo dominicano.
Su expansión ha ido de la mano del auge inmobiliario en polos como: Punta Cana-Bávaro Santo Domingo; Cap Cana; Las Terrenas; Cabarete; Puerto Plata; Samaná; Juan Dolio; La Romana; Jarabacoa y Constanza
En estos destinos, numerosos desarrollos inmobiliarios han sido diseñados desde su concepción para operar bajo modelos de renta vacacional, atrayendo tanto inversionistas nacionales como dominicanos residentes en el exterior y compradores extranjeros.
Este modelo ha diversificado la oferta turística del país al complementar la tradicional industria hotelera con apartamentos, villas y condominios disponibles para estancias cortas.
El crecimiento de las rentas cortas
Aunque el Estado no dispone de un registro público consolidado de todas las propiedades operando bajo plataformas digitales, diversos análisis del mercado inmobiliario sitúan a República Dominicana entre los mercados de alquiler vacacional con mayor crecimiento del Caribe.
En los principales destinos turísticos existen decenas de miles de unidades anunciadas en plataformas digitales, concentrándose especialmente en Punta Cana y Santo Domingo, mientras que destinos emergentes como Jarabacoa, Constanza, Miches, Cabrera y Montecristi también han experimentado un crecimiento sostenido de esta modalidad impulsado por el turismo interno y el ecoturismo.
El auge también ha sido estimulado por: el incremento sostenido de la llegada de visitantes internacionales; el crecimiento de la inversión inmobiliaria turística; la preferencia de muchos viajeros por alojamientos con cocina, mayor privacidad y espacios familiares; el aumento del turismo de larga estancia y del trabajo remoto.
¿Qué propone regular el MITUR?
Las propuestas sometidas a consulta pública buscan incorporar formalmente las rentas cortas al sistema regulatorio del turismo dominicano.
Según los organizadores de la campaña, entre los requisitos contemplados figuran: certificaciones emitidas por los condominios autorizando el alquiler; cumplimiento de estándares similares a los exigidos a establecimientos hoteleros; inspecciones por parte del Ministerio de Turismo; entrega de documentación adicional para registrar las propiedades.
El Ministerio ha defendido en distintos escenarios la necesidad de crear reglas claras para garantizar estándares mínimos de calidad, seguridad, protección al consumidor y competencia ordenada dentro del sector turístico.
Los argumentos de los propietarios
Los impulsores de «Mi Propiedad, Mi Derecho» sostienen que las nuevas exigencias podrían sacar del mercado miles de viviendas destinadas al alquiler vacacional.
Afirman que ello tendría varias consecuencias: reducción de la oferta turística; aumento del precio de los alojamientos; menor competitividad frente a otros destinos del Caribe;afectación a pequeños propietarios que complementan sus ingresos mediante estas plataformas.
El comunicado de la campaña también señala que entre el 30 % y el 40 % de las reservas realizadas mediante plataformas de renta corta corresponden a ciudadanos dominicanos, lo que evidencia que este mercado no depende exclusivamente del visitante extranjero.
Los organizadores sostienen además que numerosos dominicanos residentes en el exterior han adquirido propiedades precisamente bajo este modelo de negocio, convirtiéndolo en un importante mecanismo de inversión y generación de divisas.
Un debate que también ocurre en otros países
La discusión dominicana no es aislada. Durante los últimos años, ciudades como Nueva York, Barcelona, Ámsterdam, París, Lisboa y Ciudad de México han aprobado regulaciones para las plataformas de alojamiento turístico, motivadas por preocupaciones relacionadas con:
- acceso a la vivienda;
- competencia con la hotelería tradicional;
- presión sobre los servicios urbanos;
- seguridad;
- fscalización tributaria.
En algunos casos las regulaciones han reducido considerablemente la oferta disponible, mientras que en otros se han creado registros obligatorios y requisitos de licenciamiento sin prohibir la actividad. Estudios académicos muestran que no existe un único modelo regulatorio y que los gobiernos suelen buscar un equilibrio entre la innovación económica y la protección del mercado residencial.
Un reto para el turismo dominicano
El debate llega en un momento particularmente favorable para el turismo nacional.
República Dominicana continúa registrando cifras históricas de visitantes y mantiene uno de los programas de expansión hotelera e inmobiliaria más dinámicos de la región. Paralelamente, el crecimiento de las plataformas digitales ha ampliado la capacidad de alojamiento disponible, especialmente para familias, grupos y viajeros que buscan experiencias diferentes al modelo hotelero tradicional.
La decisión que adopte finalmente el Ministerio de Turismo podría marcar un precedente para la evolución del alojamiento turístico en el país, en un contexto donde el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los consumidores, la competencia leal con la industria hotelera, el respeto a la propiedad privada y el mantenimiento de la competitividad internacional del destino República Dominicana.
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