Baní, Peravia, RD.– La reciente intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Las Dunas de Baní, donde autoridades realizaron un descenso oficial en la zona ocupada por particulares dentro de la reserva científica Félix Servio Ducoudray, ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la protección de uno de los ecosistemas más singulares del Caribe y uno de los paisajes naturales con mayor potencial ecoturístico de la República Dominicana.
El recorrido fue encabezado por el ministro Paíno Henríquez, quien supervisó personalmente las áreas afectadas y anunció el reforzamiento de las acciones para recuperar tanto la zona núcleo como el área de amortiguamiento, espacios que según el propio ministerio han sido ocupados ilegalmente para construcción de viviendas y actividades agrícolas.
Las autoridades informaron además que intensificarán la vigilancia permanente mediante el acuerdo suscrito con la Armada de República Dominicana, mecanismo creado para prevenir nuevos ilícitos ambientales como tala, agricultura irregular, ganadería, extracción de materiales y ocupaciones dentro del área protegida. Entre las obras anunciadas figuran torres de observación, garitas de control, verja perimetral, boletería y un centro de visitantes.
El caso no es aislado. Las Dunas de Baní arrastran una larga historia de presiones humanas, ventas ilegales de terrenos, expansión agrícola y ocupaciones informales que durante años han debilitado la integridad de esta área protegida. En 2024, el propio Ministerio abrió investigaciones por daños ambientales, identificó presuntos responsables y removió al administrador del parque tras denuncias relacionadas con permisividad e irregularidades.
Ya en julio de ese año, el Ministerio de Medio Ambiente ordenaba mediante resolución el desalojo de personas físicas o jurídicas que ocupesen de manera ilegal el Monumento Natural Dunas de Las Calderas, además ordenaba la paralización de los trabajos de construcción, trabajos agrícolas y tumba y quema de especies en esa área protegida, pero algo ha fallada en esos acuerdos y en esas medidas.
Diversas organizaciones ambientalistas y sectores académicos han advertido reiteradamente que la principal amenaza de las dunas no proviene del turismo responsable, sino de la ausencia histórica de vigilancia constante, la tolerancia a invasiones y la falta de un plan integral de manejo sostenible. Estos sectores han defendido que la conservación del monumento natural exige presencia estatal permanente, educación comunitaria y sanciones ejemplares contra quienes depreden el área.
Las Dunas de Baní, también conocidas como Dunas de Las Calderas, fueron declaradas área protegida en 1996 y son consideradas el sistema de dunas más importante de las Antillas. Se extienden por unos 15 kilómetros y contienen formaciones de arena de cuarzo y feldespato moldeadas durante miles de años por el viento, las corrientes marinas y los sedimentos arrastrados desde varios ríos del sur dominicano.
Además de su valor geológico, albergan flora y fauna adaptadas a condiciones extremas de sequedad, incluyendo especies endémicas y ecosistemas asociados de manglares, matorrales costeros y aves migratorias. Esa combinación convierte al lugar en un laboratorio natural para la ciencia, la educación ambiental y el turismo de naturaleza.
Desde el punto de vista turístico, Las Dunas de Baní representan uno de los paisajes más fotogénicos y distintivos de la República Dominicana, muy distinto al modelo tradicional de sol y playa. Sus colinas de arena frente al mar Caribe, cercanas a Santo Domingo, ofrecen oportunidades para senderismo interpretativo, observación paisajística, turismo científico y rutas complementarias junto a las Salinas de Baní, las playas del sur y la gastronomía local. Sin embargo, expertos sostienen que ese potencial solo puede desarrollarse bajo estrictos criterios de sostenibilidad.
La nueva intervención oficial abre una oportunidad para corregir décadas de deterioro institucional. Si las medidas anunciadas se ejecutan con continuidad, Las Dunas de Baní podrían pasar de símbolo de abandono a modelo nacional de recuperación ambiental y aprovechamiento ecoturístico responsable. Si fracasan, el país arriesga perder uno de sus patrimonios naturales más extraordinarios.
