Santo Domingo, RD. – Con más de 700 observaciones depositadas durante la consulta pública sobre el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR), los propietarios de inmuebles de rentas cortas y usuarios de plataformas digitales de alojamiento articulados en la iniciativa «Mi Propiedad, Mi Derecho» reclamaron esta semana al Ministerio de Turismo (MITUR) un diálogo abierto y transparente sobre el futuro de la regulación.
El grupo sostiene que ese volumen de observaciones demuestra un interés genuino por construir una norma equilibrada, y advierte que la regulación no debería responder «de manera exclusiva a las pretensiones del sector hotelero».
Su pliego de peticiones es puntual y se resume en cuatro ejes: un registro digital ante MITUR que tome cinco minutos, inspirado en las buenas prácticas de las propias plataformas digitales; respeto pleno a la propiedad privada, sin que el ministerio asuma funciones de inspección dentro de viviendas, apartamentos o condominios; un marco fiscal para las rentas cortas definido por ley —no por resolución administrativa— para evitar interpretaciones arbitrarias; y, en términos generales, más transparencia sobre el proceso que sigue la regulación tras el retiro de la propuesta del debate público el pasado mes de julio, un curso que el propio grupo admite desconocer.
Cuatro años buscando una regla que no termina de llegar
Para entender el peso de ese reclamo hay que retroceder al origen del expediente. La intención de regular las rentas cortas dominicanas no es nueva: nació formalmente en marzo de 2022, cuando las autoridades reportaron la existencia de 53,000 habitaciones bajo esa modalidad y anunciaron que serían reguladas en un plazo de 60 días.
La promesa no se cumplió. En febrero de 2024, durante la feria FITUR de Madrid, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que un acuerdo con Airbnb estaba prácticamente cerrado; tampoco se concretó. En marzo de 2025, el Poder Ejecutivo intentó una vía distinta —el Decreto 30-25, que buscaba aplicar el ITBIS a plataformas digitales extranjeras como Airbnb— pero la medida fue derogada semanas después de su publicación.
El cuarto intento, el que motiva el reclamo actual, comenzó a tomar forma el 20 de mayo de 2026, cuando MITUR sometió a consulta pública dos proyectos de resolución: uno que crea el propio RENATUR y otro que fija las condiciones operativas para propietarios, administradores, prestadores de servicios y anfitriones. Entre los puntos más discutidos de esos proyectos figuraban la obligación de inscribirse en el registro antes de poder publicar una propiedad en las plataformas digitales, y un plazo de 60 días para que los inmuebles ya anunciados se regularizaran o fueran retirados de los portales.
La consulta pública cerró el 22 de julio de 2026 con las más de 700 observaciones que hoy cita «Mi Propiedad, Mi Derecho» como evidencia de su compromiso con el proceso. Fue después de ese cierre cuando ocurrió el giro que explica el reclamo actual: MITUR retiró la propuesta regulatoria del debate público. No la declaró muerta, pero tampoco anunció un nuevo cronograma público claro para retomarla.
La mesa que se abrió sin ellos
En el vacío que dejó ese retiro, surgió un canal de diálogo distinto —pero no con «Mi Propiedad, Mi Derecho», sino con la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO), la entidad gremial del sector.
El 20 de julio, ADORECO sostuvo una conversación con la consultora jurídica de MITUR sobre la conveniencia de habilitar una mesa técnica de trabajo antes de la aprobación definitiva de las resoluciones.
Once días más tarde, el 31 de julio, la asociación formalizó ese acercamiento depositando ante el ministerio una Matriz de Riesgos y Análisis Jurídico, elaborada por su equipo técnico-legal, en la que señala varias fallas de diseño en el proyecto —entre ellas la ausencia de una categoría de «anfitrión ocasional» que distinga al propietario que alquila esporádicamente del operador con un portafolio comercial de decenas de unidades, y la exigencia de una póliza de responsabilidad civil para la que, según la propia asociación, el mercado dominicano todavía no cuenta con un producto certificado y accesible.
Esa secuencia —conversación técnica, documento formal, mesa de trabajo en ciernes— es, hasta donde reflejan las fuentes disponibles, un canal que «Mi Propiedad, Mi Derecho» no ha tenido. El comunicado del grupo no menciona reuniones con la consultora jurídica del ministerio ni un documento técnico propio depositado de forma equivalente al de ADORECO; lo que reivindica es la cantidad de observaciones ciudadanas presentadas durante la consulta abierta, y el hecho de que, tras el retiro de la propuesta, quedó sin saber qué sigue.
Lo que queda por resolver
La pregunta que deja abierta este episodio no es si la regulación de las rentas cortas es necesaria —en eso coinciden prácticamente todos los actores involucrados, incluidos ADORECO y la propia plataforma Airbnb, que ha respaldado públicamente la creación de un registro—. La pregunta es quién participa en decidir cómo se diseña esa regulación, una vez que el debate se movió de la consulta pública abierta a una mesa técnica más reducida.
«Mi Propiedad, Mi Derecho» representa, en principio, a una base más amplia y más difusa de propietarios individuales —probablemente el origen de buena parte de las 700 observaciones depositadas— frente a una asociación gremial que ya logró un canal formal con el ministerio.
Habría que esperar que el MITUR presente el mecanismo y el cronograma para retomar el proceso, esa asimetría de acceso seguirá siendo el dato central de esta historia: no cuántas observaciones se presentaron, sino quién tiene, hoy, un asiento confirmado en la mesa donde se redactan las reglas definitivas para poner en funcionamiento el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) de rentas cortas.
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