Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader promulgó este jueves la Ley 30-26, denominada «Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional», con 62 artículos que introducen modificaciones a decenas de disposiciones del Código Tributario dominicano, una especie de reforma fiscal que entra en vigor de forma inmediata con algunas afectaciones a la industria de viajes y turismo pero sin tocar el escudo protector de la Ley de Confotur que sostiene los incentivos al turismo.
El gobierno justificó la iniciativa en la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal ante la incertidumbre económica global, aumentar la presión tributaria de largo plazo y simplificar el cumplimiento para contribuyentes y empresas. La ley fue aprobada en el Senado el miércoles y en la Cámara de Diputados el jueves 18 de junio, ambas fechas de 2026, con las firmas del presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, y del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco Osoria.
Entre las medidas más destacadas figura una amnistía fiscal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, que permite a contribuyentes morosos y a quienes tienen litigios tributarios pendientes regularizar su situación pagando únicamente el impuesto adeudado más el equivalente a un año de recargos e intereses, con posibilidad de fraccionarlo en hasta doce meses. Se trata de una ventana de oportunidad significativa para miles de empresas y personas que arrastran deudas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En materia de impuesto sobre la renta, la ley actualiza la escala progresiva para personas físicas a partir de 2027, elevando el mínimo exento a RD$480,000 anuales y estableciendo una tasa máxima del 27% para rentas que superen RD$4.8 millones. Las empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones pagarán transitoriamente el 30% durante 2026, 2027 y 2028. Asimismo, se introduce por primera vez un impuesto del 10% sobre las ganancias de capital en ventas de inmuebles por personas físicas, con exención para mayores de 65 años y para quienes reinviertan el producido en una nueva vivienda.
El turismo, en el centro de varios cambios
La industria de viajes y turismo, uno de los motores económicos del país, acusa el impacto de al menos cuatro medidas concretas pero por convertirse ahora en agente de retención de las medidas tributarias aplicadas. La más inmediata es el aumento de la tasa de salida del país de US$20 a US$30, que deberán cobrar como agentes de percepción todas las aerolíneas, cruceros y demás transportistas internacionales. El cargo recaerá sobre cada pasajero que abandone el territorio dominicano, sin distinción de nacionalidad.
Los hoteles y resorts, especialmente los de modelo todo incluido, deberán adaptar sus esquemas de determinación del ITBIS conforme a lo dispuesto en la ley. Paralelamente, las operadoras turísticas y cadenas hoteleras que contraten servicios digitales o de marketing con proveedores extranjeros —plataformas de reservas en línea, agencias digitales, servicios en la nube— tendrán que retener el 15% sobre esos pagos al exterior, un costo que hasta ahora no existía de forma expresa.
Sin embargo, el sector de casinos, componente relevante de la oferta de entretenimiento turístico del país, enfrenta un esquema de tributación más elevado y complejo: pagará entre RD$70,000 y RD$100,000 mensuales por cada mesa en operación, con ajuste anual por inflación, y perderá la exoneración arancelaria que tenía para la importación de máquinas tragamonedas y sus repuestos.
Como contrapeso, las empresas del sector podrán beneficiarse de la depreciación acelerada al doble para maquinaria y equipo nuevo de uso industrial, una herramienta que podría incentivar la renovación de infraestructura en establecimientos hoteleros.
La ley también elimina gradualmente el impuesto sobre operaciones inmobiliarias —relevante para las transacciones de unidades turísticas y residencias vacacionales— reduciéndolo al 1% en 2027 y suprimiéndolo definitivamente en 2028, una señal positiva para los proyectos de desarrollo inmobiliario-turístico.
Con esta reforma, el gobierno de Abinader apuesta por ampliar la base tributaria, formalizar la economía y dotar al Estado de recursos sostenibles para enfrentar los desafíos de un entorno internacional marcado por la volatilidad financiera y las disrupciones comerciales globales.
Los incentivos al turismo que la Ley 30-26 no toca

La Ley 30-26 recién promulgada introduce numerosas medidas de ampliación de la base tributaria, eleva tasas, crea nuevos impuestos y reduce exenciones en múltiples sectores. Sin embargo, no modifica ni deroga la Ley 158-01.
El escudo CONFOTUR permanece intacto en estas nuevas medidas tributarias. Esto significa que mientras un empresario dominicano de mediana empresa enfrenta desde 2026 una tasa del 27% de ISR —y del 30% si supera los RD$1,000 millones en ingresos— una cadena hotelera internacional con clasificación vigente de CONFOTUR continúa pagando cero por sus utilidades, cero por sus importaciones de equipos, cero por sus inmuebles y cero por la transferencia de sus propiedades.
El turismo es sin dudas, el motor más potente de la economía dominicana. Pero el clamor de sectores del empresariado dominicano es que ningún motor debería funcionar indefinidamente a expensas del resto de la economía. El costo acumulado y / o el gasto tributario supera los RD$80,000 millones en dos décadas, el gasto anual actual ronda los RD$12,570 millones, y la distribución de ese sacrificio fiscal recae sobre contribuyentes que no tienen acceso a ningún régimen equivalente de protección.
El aporte del turismo a la economía superaría el sacrificio fiscal apuntan varios sectores que defienden la ley de Confotur. De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo, el flujo turístico aportó 25,000 millones de dólares en valor agregado a la economía solo en el 2025, mismo período en el que el sistema financiero dominicano destinó un total de 3,293.4 millones de dólares a esta industria. Un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) revelaba que el sector turístico aportó más de US$ 21 mil millones a la economía dominicana durante 2025, representando cerca del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además de liderar el crecimiento global del sector, su contribución al mercado laboral fue clave, consolidando su posición como el pilar fundamental del desarrollo del país.













