Nueva York, EE.UU. – Un año después de su aprobación, la normativa sin precedentes de la ciudad de Nueva York sobre alquileres a corto plazo no ha cumplido la promesa de combatir la crisis inmobiliaria. En lugar de ello, tras las estrictas medidas, los consumidores se enfrentan a precios de hoteles y residentes nunca vistos y a alquileres nunca vistos.
Así lo dejó establecido en su portal la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb asegurando que los nuevos datos subrayan las consecuencias de la Ley Local 18 (LL18), que definen como un caso atípico en lo que respecta a la normativa sobre alquileres a corto plazo. Las autoridades neoyorquinas, sin embargo, defienden las medidas como necesarias para preservar la asequibilidad de la vivienda para sus residentes.
La situación muestra una nueva fase de tensiones por la medida en la ciudad de Nueva York y Airbnb debido a la normativa que limita el alquiler de pisos turísticos plantea un análisis del caso compartido por el Grupo de expertos sobre turismo y sociedad (TSTT)
Recuerda que desde el 5 de septiembre de 2024, la legislación en Nueva York exige que los propietarios de viviendas registren sus inmuebles con la ciudad si desean alquilarlos por menos de 30 días. La mayoría de los alquileres a corto plazo quedan prohibidos a menos que el propietario viva en la propiedad y que no haya más de dos huéspedes. La normativa también impone sanciones a las plataformas como Airbnb por permitir la publicación de listados que no cumplen con estas reglas.
Airbnb no tardó en responder, argumentando que esta medida limita significativamente la oferta de alojamientos a corto plazo, un sector que había crecido considerablemente en la última década.
La empresa señala que esta restricción impactará en los visitantes que buscan alternativas más económicas y flexibles a los hoteles tradicionales, y que además afectará negativamente a los neoyorquinos que dependen del alquiler de sus propiedades para ingresos adicionales.
Uno de los puntos más destacados en las declaraciones de Airbnb es que la normativa de la ciudad podría exacerbar la crisis de vivienda en Nueva York.
Según la empresa, al reducir la oferta de pisos turísticos, la demanda de viviendas permanentes aumentará, lo que podría traducirse en un incremento de precios tanto en alquileres residenciales como en el mercado hotelero.
Aunque las autoridades locales afirman que esta medida busca aliviar la presión en el mercado inmobiliario, Airbnb sostiene que las restricciones harán que los viajeros opten por hoteles más costosos, y a su vez, los precios de estos establecimientos también se verán afectados al haber una menor competencia.
Los defensores de las restricciones señalan que el alquiler de viviendas turísticas a corto plazo ha contribuido a la escasez de alquileres asequibles. Afirman que muchos propietarios han retirado sus viviendas del mercado tradicional para alquilarlas a turistas, lo que reduce las opciones de los residentes.
Por otro lado, los opositores a la regulación sostienen que la prohibición de los pisos turísticos no resolverá el problema de la vivienda asequible y que simplemente cambiará quién se beneficia económicamente del turismo en la ciudad.
Los propietarios de viviendas que usan plataformas como Airbnb se han visto directamente afectados. Muchos de ellos dependen de los ingresos generados por el alquiler de habitaciones o pisos completos para compensar los elevados costos de vida en la ciudad. Algunos han expresado su frustración por no poder registrar sus propiedades debido a los estrictos requisitos.
La normativa, según ellos, les obliga a buscar otras formas de ingresos o a vender sus propiedades en un mercado donde los precios ya son inasequibles.
Además, las asociaciones de hoteles han celebrado la medida, ya que consideran que los pisos turísticos son una competencia desleal, al no tener que cumplir con las mismas regulaciones y costos que los establecimientos hoteleros.
Con la nueva normativa, los hoteles podrían recuperar parte del mercado que habían perdido frente a plataformas como Airbnb. Esto podría, sin embargo, tener el efecto contrario en los precios, haciendo que los hoteles, ante el aumento de la demanda, suban sus tarifas.
La polémica entre Airbnb y Nueva York no es un caso aislado. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam y París también han introducido regulaciones similares para limitar el crecimiento de los alquileres turísticos.
En muchos de estos casos, la motivación detrás de las restricciones es proteger la oferta de viviendas para residentes locales, que muchas veces ven cómo el turismo masivo impacta negativamente en la asequibilidad y la calidad de vida.
Por otro lado, defensores de las plataformas de alquiler a corto plazo argumentan que este tipo de alojamiento democratiza el acceso al turismo, permitiendo a personas de diferentes niveles económicos disfrutar de ciudades que, de otro modo, serían inaccesibles por los altos costos hoteleros. Además, ofrecen una fuente de ingresos extra para propietarios, lo que puede tener un efecto positivo en la economía local.
