Santo Domingo, RD. – Hoy 22 de julio se cumpliría, el plazo que el Ministerio de Turismo (Mitur) fijó para recibir observaciones a dos proyectos de resolución con los que buscaba, por primera vez, ponerle reglas escritas a las decenas de miles de villas, apartamentos y habitaciones que en República Dominicana se alquilan por días a través de plataformas como Airbnb y Booking.
Es, sin embargo, un vencimiento con una salvedad importante: la noche del lunes, dos días antes de que se cumpliera el plazo, el propio Mitur retiró la propuesta del portal de consulta pública para abrir, en su lugar, una mesa de diálogo con el sector.
Tras los cuestionamientos hechos por los empresarios de las rentas cortas frente a la resolución para regular el modelo de los alquileres de corta estadía en República Dominicana, el Ministerio de Turismo anunció la noche del lunes el retiro de la propuesta para dar paso a la apertura de un diálogo de consenso que involucre a los diversos actores vinculados al negocio en el país.
Fue la propia Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) quien confirmó que la decisión se la comunicó la Consultora Jurídica del Ministerio de Turismo, Brenda Morales, quien habría informado que el proyecto sería retirado del portal institucional mientras se desarrolla el proceso de diálogo, al cual el gremio ha sido invitado a participar.
Mitur creó así una mesa de diálogo con los distintos actores que integran este ecosistema, como parte del proceso de construcción de un marco regulatorio para el país de acuerdo con el comunicado de Adoreco.
Sin embargo, en perspectiva, ese desenlace no le resta relevancia al ejercicio. Lo que el Mitur puso sobre la mesa entre el 20 de mayo y el 20 de julio —fecha real de su retiro— es la propuesta más detallada que ha producido el Estado dominicano para ordenar un sector que, según cifras que el propio Ministerio maneja, ya suma cerca de 60,000 propiedades y más de 140,000 habitaciones, una cifra que empieza a acercarse a las 94,309 habitaciones que tiene el país en hoteles formales, de acuerdo con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).
Un molde con acento hotelero
Leídas en conjunto, las dos resoluciones sometidas a consulta proponen algo relativamente simple de resumir: que operar una renta corta se parezca, en trámites y obligaciones, a operar un hotel pequeño.
La primera resolución creaba el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), concebido como un espejo del Registro Nacional Turístico (RNT) que ya deben tramitar los establecimientos hoteleros. Ninguna propiedad —villa, apartamento, casa, bungaló o habitación— podría comercializarse como alojamiento de corta estadía, ni de forma presencial ni a través de una plataforma digital, sin antes inscribirse y obtener una credencial visible con un enlace al registro. El reglamento da seis meses de plazo para que los operadores actuales se pongan al día.
La segunda resolución trasladaba al detalle esa lógica de equiparación con los hoteles. Exige una póliza de responsabilidad civil por inmueble —un requisito estándar en la operación hotelera, pero hasta ahora inexistente para buena parte de la renta corta—, así como el cumplimiento de normas nacionales de seguridad, higiene, densidad y protección al consumidor, con inspecciones del Mitur habilitadas para verificarlo.
También creaba, para los administradores de propiedades, un Registro Único Turístico (RUT) que exige estar al día con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en un intento por cerrar una vía de informalidad tributaria que hoteles y autoridades fiscales llevan años señalando.
El reglamento distinguía, además, cuatro figuras dentro del negocio —el dueño del inmueble, el administrador que lo gestiona, el prestador de servicios que representa al propietario cuando este vive en el exterior y el anfitrión que atiende al huésped—, cada una con su propio trámite ante el Mitur. Y traslada parte de la responsabilidad de vigilancia a las plataformas digitales: Airbnb y Booking tendrían que exigir el comprobante de registro antes de publicar una propiedad nueva y, tras un plazo de 60 días para que los anuncios activos se regularicen, retirar de sus portales cualquier propiedad que no cumpla.
Protección a los condominios residenciales
El punto que más resistencia generó fue otro: si el reglamento interno de un condominio prohíbe expresamente las rentas cortas, el Mitur no podría registrar esa propiedad, lo que en la práctica le da a una asamblea de vecinos poder de veto sobre el negocio de un propietario individual.
Una discusión que arrancó hace más de cuatro años
El seguimiento de Vive Dominicana al tema permite ver que nada de esto es enteramente nuevo. La intención de regular la renta corta en República Dominicana se remonta a marzo de 2022, cuando las autoridades turísticas identificaron unas 53,000 habitaciones bajo esta modalidad y anunciaron que las plataformas empezarían a regularse en 60 días. El plazo venció sin que se produjera ninguna norma.
En los años siguientes, el expediente pasó de mano en mano sin cerrarse. Asonahores pidió en 2022 un decreto que gravara a plataformas como Airbnb; la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) planteó en 2023 un sistema de registro o licenciamiento, en un momento en que la cuota de mercado de las plataformas digitales de hospedaje había saltado de 7.1% en 2019 a 28.5% dos años después; el Mitur y Airbnb sostuvieron conversaciones sobre parámetros de seguridad e higiene, aclarando que el Ministerio carecía de competencia sobre la parte fiscal de la discusión.
En abril de 2024, Asonahores insistió en que el debate no podía limitarse a lo tributario, y la entonces viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, reconoció que las rentas cortas complementaban la oferta hotelera, aunque advirtió sobre la necesidad de estándares de seguridad. Ese mismo año, Impuestos Internos informó que un borrador de reglamento —ya sometido antes a vistas públicas— esperaba turno en el Poder Ejecutivo.
La consulta que formalmente vencía hoy es, entonces, el intento más avanzado de una discusión que ha sobrevivido a varios ciclos de anuncios sin resultado.
El rechazo que aceleró el desenlace
La propuesta no llegó a este 22 de julio sin oposición. Propietarios de inmuebles de renta corta, dominicanos residentes en el exterior y usuarios de plataformas de hospedaje lanzaron la semana pasada la campaña «Mi Propiedad, Mi Derecho» para presionar contra las resoluciones antes de que el ministro David Collado las firmara.
Sus promotores sostienen que entre el 30% y el 40% de las reservaciones de renta corta en el país corresponden a ciudadanos dominicanos, por lo que un encarecimiento del modelo golpearía tanto al turismo interno como a la competitividad del destino frente a otros mercados del Caribe.
En paralelo, la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) pidió formalmente extender el período de consulta y abrir una mesa técnica, alegando que el proyecto requería un análisis jurídico más amplio y que abordaba las rentas cortas únicamente como actividad turística, sin contemplar otras modalidades de ocupación temporal que también conviven en el mercado inmobiliario dominicano.
El Mitur respondió antes de que se agotara el plazo. La noche del lunes 20 de julio, la Consultora Jurídica del Ministerio, Brenda Morales, comunicó a los gremios que el proyecto sería retirado del portal de consulta pública mientras se organiza un proceso de diálogo con propietarios, anfitriones, administradores, empresas de property management, inversionistas y proveedores de servicios. ADORECO calificó la decisión como un paso hacia una regulación «moderna, equilibrada y con mayor seguridad jurídica».
Lo que está en juego para el Estado
Para el Gobierno dominicano, el atractivo del Renatur no es solo ordenar un mercado: es hacerlo visible para efectos fiscales.
La Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) estima que la brecha tributaria asociada a las rentas cortas no declaradas en el país ronda los US$170 millones anuales. Cita datos publicados por Asonahores.
En su marco regional publicado recientemente, tras analizar 14 destinos caribeños, la organización sostiene que los registros con beneficios claros para el anfitrión —y no solo obligaciones— pueden alcanzar tasas de cumplimiento de entre 85% y 90% en un plazo de 18 a 24 meses, un dato que sugiere que el diseño de los incentivos, y no solo el de las sanciones, será decisivo para que cualquier versión futura del Renatur funcione.
El episodio deja, además, una lectura sobre el propio proceso regulatorio. La consulta se abrió en cumplimiento de la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, que exige participación previa de los sectores afectados antes de aprobar una norma. Que el Mitur haya retirado su propuesta ante el rechazo, en lugar de imponerla, puede leerse en dos direcciones: como esa ley operando tal como fue concebida, o como una señal de que el diseño original subestimó el peso económico y político que ya tiene la renta corta dentro del turismo dominicano.
Lo que está en juego para la industria
Para el sector hotelero, cada mes sin una regulación equivalente a la suya se ha traducido, según su propio planteamiento reiterado desde 2022, en una competencia que consideran desigual: hoteles que invierten en cumplimiento normativo, seguridad e impuestos frente a un segmento que, en su mayoría, opera sin ninguna de esas cargas. La lógica de las resoluciones sometidas a consulta —RNT para hoteles, Renatur para rentas cortas; RUT para administradores— apunta directamente a cerrar esa brecha percibida.
Para los propietarios y administradores de renta corta, el riesgo apunta en sentido contrario: que estándares calcados del modelo hotelero, sin margen para la escala de una propiedad individual, terminen expulsando del mercado formal a miles de unidades pequeñas —el efecto que «Mi Propiedad, Mi Derecho» y ADORECO advirtieron durante la consulta— y produzcan más informalidad, no menos. Y para plataformas como Airbnb y Booking, el Renatur habría introducido, por primera vez en el país, una obligación de cumplimiento activo —verificar registros, retirar anuncios— que ya opera en otros mercados donde este tipo de regulación llegó antes que a República Dominicana.
Con el proyecto fuera del portal de consulta pública y sin fecha anunciada para una nueva versión, la pregunta que deja este 22 de julio no es si el país va a regular sus rentas cortas, sino si la próxima propuesta logrará el equilibrio —entre exigencia hotelera y realidad de un propietario individual— que a esta primera versión, según sus propios promotores en el Mitur, todavía le faltaba.
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