Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader dispuso la detención inmediata de toda actividad vinculada al proyecto minero Romero, ubicado en la provincia San Juan, en una decisión que marca un giro en el manejo del controversial emprendimiento y que responde a crecientes demandas de organizaciones sociales, comunitarias y ambientales que durante años han exigido su paralización.
La medida fue adoptada en un contexto de intensificación de protestas y pronunciamientos públicos contra la iniciativa extractiva, impulsada por sectores que advierten sobre los posibles impactos ambientales en una de las principales zonas agrícolas del país. San Juan es considerada parte esencial del “granero del sur”, lo que ha elevado la sensibilidad del debate en torno a la protección de sus recursos hídricos y suelos productivos.
«Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó el presidente Abinader.
En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.
Recordó que el proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010.
Dijo que posteriormente, en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.
“En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro», explicó el presidente Abinader.
La controversia por los daños a un valle agrícola
El proyecto Proyecto Minero Romero, promovido por la empresa GoldQuest Mining Corp., ha sido objeto de controversia desde su anuncio, debido a preocupaciones sobre el uso de químicos en la explotación de oro y sus potenciales efectos sobre ríos, acuíferos y comunidades rurales. En los últimos meses, el tema volvió al centro del debate nacional tras nuevas gestiones para avanzar en permisos ambientales.
La decisión presidencial ha sido interpretada por diversos sectores como una señal de apertura al diálogo y de atención a las demandas ciudadanas. Movimientos sociales, agrupaciones campesinas y organizaciones ambientalistas habían intensificado su presión, solicitando al Gobierno una posición firme frente al proyecto y advirtiendo sobre riesgos ecológicos y socioeconómicos.
El caso revive inevitablemente el precedente de Loma Miranda, símbolo de la lucha ambiental en el país, donde la movilización social logró frenar un proyecto minero y posicionar el tema de la sostenibilidad en la agenda pública nacional. Aquella experiencia ha servido como referencia para los actuales reclamos en San Juan, fortaleciendo el discurso de protección de áreas estratégicas para el equilibrio ecológico.
Analistas consideran que la decisión del presidente Abinader busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, en un momento en que la minería continúa siendo un sector de interés para la inversión extranjera, pero también uno de los más sensibles socialmente. La medida también podría abrir espacio a una revisión más amplia de la política minera nacional y de los mecanismos de consulta ciudadana.
Hasta el momento, diversas voces de la sociedad civil han valorado positivamente la disposición gubernamental, interpretándola como una victoria del diálogo democrático y la participación social. No obstante, sectores empresariales han llamado a mantener reglas claras y seguridad jurídica para las inversiones, lo que anticipa que el debate sobre el futuro del proyecto Romero y de la minería en el país continuará en los próximos meses.
La suspensión inmediata de las actividades en San Juan no solo detiene un proyecto específico, sino que también reabre una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo en República Dominicana y el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre recursos naturales estratégicos.
