Santo Domingo, RD. – La República Dominicana se encuentra ante una nueva etapa de diversificación de su industria turística. Mientras el país avanza hacia otro año de récords en la llegada de visitantes, el Senado de la República ha colocado en la agenda legislativa dos actividades con capacidad para generar mayores ingresos, atraer inversiones, crear empleos especializados y ampliar el mapa de oportunidades del turismo dominicano: el turismo de salud y el turismo náutico de recreo.
El Senado aprobó en dos discusiones el proyecto de ley presentado por el senador de Santiago, Daniel Rivera, que declara el turismo de salud y bienestar como una actividad de prioridad nacional y crea un mecanismo institucional para promover su desarrollo. La pieza deberá ser conocida ahora por la Cámara de Diputados. Paralelamente, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo, iniciativa del senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, que procura establecer reglas para las actividades náuticas, sus operadores y las embarcaciones utilizadas con fines recreativos y turísticos.
Más que dos disposiciones sectoriales, ambas iniciativas apuntan hacia un mismo desafío estratégico: hacer que el turismo dominicano dependa menos del tradicional modelo de sol, playa y alojamiento todo incluido y capture una mayor proporción del gasto turístico mediante productos especializados.
El momento en que llegan las propuestas no es casual. La industria turística dominicana atraviesa uno de sus períodos de mayor expansión. En los primeros siete meses de 2026 el país recibió 7,700,118 visitantes, un crecimiento de 7 % respecto de igual período de 2025 y 69.6 % por encima de 2019. De ese total, 5,885,259 llegaron por vía aérea y 1,814,859 fueron visitantes por vía marítima. El Gobierno proyecta que el país podría cerrar 2026 alrededor de los 12 millones de visitantes.
La magnitud de esas cifras cambia también la pregunta que debe hacerse la industria. Ya no se trata únicamente de cuántos turistas llegan, sino de qué tipo de turista llega, cuánto gasta, cuánto tiempo permanece, qué servicios consume y cuánto de ese gasto queda distribuido en las comunidades y en otros sectores de la economía.
El turismo de salud ofrece una respuesta particularmente atractiva a esa interrogante. El Segundo Estudio y Diagnóstico del Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana, elaborado con participación de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), registró en 2022 unos 262,902 pacientes internacionales que viajaron específicamente para recibir tratamientos médicos. A ellos se sumaron 75,845 turistas que necesitaron servicios médicos durante sus vacaciones, para un total de 338,747 pacientes internacionales atendidos.
El impacto económico resulta todavía más revelador. El estudio estimó en US$1,321 millones los ingresos generados por el turismo de salud en 2022, mientras que el paciente internacional presenta un gasto promedio muy superior al del turista tradicional. La ADTS ha situado ese gasto alrededor de US$7,500 por paciente, incluyendo procedimientos médicos y gastos asociados al alojamiento, alimentación, transporte y otras actividades durante su permanencia.
La composición de esa demanda muestra, además, que República Dominicana no está comenzando desde cero. Los tratamientos odontológicos representan la mayor parte del mercado, seguidos por cirugía plástica y estética, otras cirugías y medicina ambulatoria y preventiva. Pero el estudio también identifica oportunidades en especialidades como ortopedia, cardiología, oftalmología, oncología, fertilidad, cirugía bariátrica, robótica, urología, dermatología y chequeos preventivos.
Una característica particularmente importante para el país es el peso de la diáspora. Más del 80 % de los pacientes internacionales identificados por la ADTS son dominicanos residentes en el exterior que regresan al país para recibir atención, principalmente odontológica y de cirugía plástica. Esto convierte al turismo de salud en un segmento que puede funcionar simultáneamente como industria de exportación de servicios médicos y como vínculo económico con la diáspora dominicana.
Precisamente por eso la nueva legislación tiene una importancia que va más allá de declarar una prioridad nacional. El proyecto de Daniel Rivera procura crear un marco institucional mediante el Consejo Consultivo de Turismo de Salud (COTSA), con participación vinculada a la promoción, desarrollo de proyectos, infraestructura y asesoría a inversionistas. La iniciativa contempla además mecanismos de incentivo para centros orientados a atender turistas y no residentes, sujetos a condiciones y planes de negocio que deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.
El propio senador Rivera había defendido durante el estudio de la iniciativa la necesidad de establecer un sistema de coordinación que permita fortalecer la calidad, seguridad y certificación de los servicios ofrecidos a pacientes internacionales. La Comisión de Turismo del Senado, por su parte, realizó durante varios meses consultas y revisiones técnicas antes de llevar la pieza al pleno.
La importancia de este punto no debe subestimarse. El turismo médico no se vende como una excursión convencional: se vende confianza. Un paciente que viaja para someterse a una cirugía, un tratamiento odontológico o un procedimiento especializado necesita garantías sobre la calidad médica, acreditación de los centros, seguridad del paciente, control de infecciones, profesionales capacitados, seguimiento posterior y mecanismos para responder ante complicaciones.
Es precisamente ahí donde los expertos del sector han identificado algunos de los principales obstáculos para el crecimiento dominicano. El diagnóstico de la ADTS señala desafíos relacionados con regulación, incentivos, formación de recursos humanos, competencia desleal y control de infecciones, al tiempo que plantea la necesidad de contar con centros de excelencia y acreditaciones internacionales.
Para Amelia Reyes y Alejandro Cambiaso, dirigentes de la ADTS, el potencial existe, pero el país necesita pasar de los esfuerzos individuales de hospitales, médicos y empresas a una política de promoción mucho más estructurada. Reyes ha advertido que fortalecer el turismo de salud también fortalece la reputación general de República Dominicana como destino turístico, porque la confianza que genera una oferta sanitaria de calidad repercute sobre la percepción internacional del país.
La expectativa, por tanto, no es simplemente aumentar el número de pacientes. Es transformar un segmento que ya produce más de mil millones de dólares en una verdadera industria organizada, capaz de atraer inversiones en hospitales, centros especializados, hoteles de recuperación, residencias para adultos mayores, servicios de rehabilitación, bienestar, telemedicina, transporte especializado y otros negocios vinculados a la cadena de valor.
El turismo náutico presenta una historia diferente. República Dominicana posee alrededor de 1,288 kilómetros de costas, numerosas islas y cayos, condiciones climáticas favorables y una posición geográfica estratégica en las rutas del Caribe. Sin embargo, el desarrollo del turismo náutico ha estado muy por debajo de ese potencial. Un diagnóstico presentado por autoridades y empresarios del sector ha señalado durante años que el país dispone de atractivos naturales, pero todavía carece de una infraestructura y un marco regulatorio capaces de convertir esa ventaja geográfica en un producto turístico de gran escala.
La dimensión económica explica por qué el sector reclama atención. La Asociación Dominicana de Marinas Deportivas y Clubes Náuticos (ADMC) estimó en 2024 que la navegación movilizaba alrededor de US$150 millones anuales en República Dominicana. Sus dirigentes Juan Bancalari Brugal y Ewald Heinsen han sostenido que el país posee un enorme potencial para atraer viajeros de alto poder adquisitivo interesados en velerismo, pesca deportiva, navegación recreativa y megayates.
El turista náutico resulta especialmente atractivo porque no depende exclusivamente de una habitación hotelera. Consume combustible, mantenimiento, reparaciones, alimentos, restaurantes, transporte, entretenimiento, servicios portuarios, excursiones y otros bienes y servicios. Su gasto se distribuye, por tanto, entre múltiples actividades y puede llegar directamente a comunidades costeras.
Un dato citado por el Gobierno ilustra el tamaño de la oportunidad: en un diagnóstico sobre el sector se estimó que de unos 7,000 barcos que navegaban anualmente por la costa norte, apenas alrededor de 800 podían detenerse en puntos de amarre con condiciones apropiadas para embarcaciones de recreo. También se estimó que un yate que permanece en territorio dominicano puede generar aproximadamente US$8,000 mensuales en gastos corrientes, además de mantenimiento, seguros y empleo.
