El país se prepara con un Plan Anticrisis: medidas fiscales y tributarias para buscar hasta RD$50,000 millones mientras el turismo mira de reojo el nuevo impuesto a los boletos aéreos

Santo Domingo, RD. – En medio de un escenario internacional marcado por la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel y su impacto sobre los precios del petróleo, el gobierno dominicano anunció este jueves un «Plan Anticrisis» que será sometido al Congreso Nacional con el objetivo de captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para las finanzas públicas.

El gobierno busca los recursos para enfrentar el impacto que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Irán e Israel podrían generar en la economía nacional.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó la iniciativa como un proyecto de ley estructurado en cuatro ejes: medidas para impulsar el crecimiento económico, simplificación tributaria, combate a la evasión fiscal y consolidación de las finanzas públicas, los cuales, de ser aprobados, entrarían en vigencia en enero de 2027.

Durante una rueda de prensa, Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro dimensiones: medidas pro crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

El Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

El funcionario afirmó que “República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora, aseguró, es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones.

Alivios para las pequeñas empresas y la clase media

El paquete combina alivios tributarios con nuevas cargas selectivas. Entre los primeros destaca una amnistía tributaria que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y que vendría acompañada de una reducción de recargos e intereses por mora para quienes tienen deudas pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos, según informó el gobierno.

En el frente de las microempresas, la propuesta elimina por completo el pago del anticipo del Impuesto Sobre la Renta, una carga que según el Ejecutivo afecta al 78% del total de las unidades que pagan este concepto.

Las pequeñas empresas, que actualmente liquidan ese anticipo mensualmente, pasarían a pagarlo en tres cuotas anuales. El sector agropecuario también quedaría exento de anticipos y del impuesto a los activos, mientras se amplían los umbrales del Régimen Simplificado de Tributación.

A esto se suman otras medidas pro-crecimiento: una depreciación acelerada generalizada para empresas, la eliminación del impuesto del 2% a las hipotecas —una ley que data de 1890—, la derogación del 1% por constitución de compañías, un aumento en las deducciones por gastos educativos y la actualización del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas. El gobierno también garantizó que no habrá cambios en el ITBIS ni en el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario.

Las nuevas cargas: cheques, casinos, vapeadores y… boletos aéreos

Para financiar este andamiaje de alivios, el plan introduce nuevas fuentes de recaudación. El impuesto a los cheques y transferencias electrónicas subiría de 0.015% a 0.020%, se crearía un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, se incrementaría la tributación sobre casinos y juegos de azar —eliminando además exoneraciones para la importación de maquinaria de esa industria—, y se aplicaría una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto Sobre la Renta empresarial para las grandes compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales.

Pero la medida que ha encendido las alarmas en un sector específico es el incremento de 10 dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.

La lectura desde el sector turístico-hotelero

Aquí es donde el plan adquiere una dimensión distinta para la República Dominicana, líder indiscutido del turismo caribeño y una de las economías más dependientes de la conectividad aérea internacional de toda la región.

El anuncio llega en un momento delicado para la narrativa que el propio gobierno ha venido construyendo en materia de competitividad turística. Apenas meses antes, la Junta de Aviación Civil había instruido a las aerolíneas eliminar el cobro de los diez dólares de la Tarjeta de Turismo a los pasajeros dominicanos y a los extranjeros residentes, en un gesto orientado a abaratar los costos de viaje.

Y de manera casi paralela a este nuevo plan, ha circulado una propuesta de la propia DGII para unificar y elevar el impuesto de salida de extranjeros de 20 a 30 dólares, lo que ya había provocado la reacción adversa de representantes del sector turístico y aeroportuario, quienes advierten que cualquier ajuste de este tipo se traduce directamente en un aumento del costo de los boletos.

Para la industria hotelera, el argumento de fondo es de competitividad regional. Sobre el valor total de un boleto aéreo vendido en territorio dominicano, ya entre un 40% y un 45% corresponde a cargas fiscales, una de las proporciones más altas del Caribe.

Sumar 10 dólares adicionales —que en la práctica encarecerían tanto la llegada de turistas como la salida de dominicanos y residentes— se produce justo cuando el sector enfrenta un entorno externo ya complicado: precios del petróleo presionados por el conflicto en Medio Oriente (que se traducen en tarifas aéreas más caras por sí solas), un dólar que sigue siendo la moneda de referencia para el turista internacional, y mercados emisores como Estados Unidos y Europa con consumidores más sensibles al precio tras años de inflación post-pandemia.

El peso fiscal del turismo no es menor para las cuentas públicas: solo por el impuesto de salida y la tarjeta de turismo, el Estado recaudó 15,357.2 millones de pesos en los primeros once meses de 2025, un monto que ya venía creciendo.

Desde la óptica de Hacienda, un incremento de 10 dólares por pasaje representa una fuente de ingresos relativamente fáciles de administrar y con potencial de aportar una porción significativa de los RD$40,000 a RD$50,000 millones que persigue el plan. Pero desde la óptica de cadenas hoteleras, operadores turísticos y aerolíneas, cada dólar adicional en el costo del boleto se descuenta directamente de la ecuación de competitividad frente a destinos rivales como Cancún, Punta Cana frente a Jamaica, Cuba o las Bahamas, donde las cargas impositivas a la aviación tienden a ser menores o están en plena revisión a la baja para atraer más vuelos.

El propio gobierno parece consciente de esta tensión: el comunicado oficial insiste en que el plan «no modifica el ITBIS» ni añade nueva carga a las mipymes, y que las medidas de alivio —amnistía, eliminación de anticipos, mayores deducciones— buscan compensar el costo político y económico de los nuevos gravámenes selectivos.

«República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones», afirmó el ministro Magín Díaz al presentar la iniciativa.

Lo que viene

El proyecto de ley pasa ahora a manos del Congreso Nacional, que deberá debatir y eventualmente aprobar o modificar las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Para el sector turístico-hotelero, el verdadero termómetro estará en si los legisladores acompañan el incremento al pasaje aéreo con algún tipo de mitigación —ya sea descartando en paralelo la propuesta de elevar el impuesto de salida a 30 dólares, o introduciendo excepciones para determinados segmentos de viajeros— o si, por el contrario, ambas cargas terminan sumándose en momentos en que la región compite agresivamente por cada vuelo, cada aerolínea y cada turista.