Santiago de los Caballeros, RD. – El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reiteró que el Gobierno no tiene intenciones de desarrollar explotación minera en la cordillera Septentrional, y aclaró que el proceso actual se limita exclusivamente a fases preliminares de exploración científica, con el objetivo de determinar si existe potencial geológico, sin carácter extractivo.
De esta manera el gobierno volvió a reiterar lo que ya ha dicho antes: que no hay intención de explotar minería en la Cordillera Septentrional. Sin embargo, las comunidades del Cibao, que llevan meses marchando, tampoco han dejado de salir a la calle. Esa distancia entre lo que dice el Estado y lo que exige la ciudadanía define el momento político y ambiental que vive la región norte del país.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, se reunió esta semana en la Arquidiócesis de Santiago con comunitarios encabezados por el sacerdote Ramón Ramos, conocido como padre Nino, para reiterar ante la prensa que el proceso actual se limita exclusivamente a fases preliminares de exploración científica, con el objetivo de determinar si existe potencial geológico, sin carácter extractivo.
Santos fue enfático en deslindar los términos: no existe una política pública ni una decisión gubernamental orientada a la explotación minera en esa zona, no hay contratos de explotación ni solicitudes en curso para pasar de exploración a explotación, ni procedimientos administrativos avanzados con ese propósito.
El titular explicó que las concesiones vigentes fueron otorgadas bajo la Constitución, la Ley Minera 146-71 y la Ley 64-00 de Medio Ambiente, y que fueron procesadas antes de la gestión que inició en agosto de 2024. Estas concesiones otorgan únicamente derechos de exploración, de carácter limitado, temporal y sujetos a seguimiento, control y fiscalización permanente por parte del Estado. Los titulares pueden realizar estudios técnicos como levantamientos geológicos, geofísicos y muestreos, pero sin autorización para extraer minerales con fines comerciales ni adquirir derechos sobre los recursos del subsuelo.
Santos aclaró además que si en algún momento el país quisiera avanzar hacia la explotación, eso requeriría un proceso completamente nuevo: solicitud formal, evaluaciones técnicas del Ministerio y la Dirección General de Minería, evaluación ambiental conforme a la Ley 64-00 y la aprobación final del presidente de la República. Y dejó una advertencia jurídica que no pasó desapercibida: «el anular una concesión otorgada puede traer como consecuencia una litis indeseada contra el Estado.»
Las calles hablan de otra cosa
Mientras el ministro daba sus explicaciones en la Arquidiócesis, afuera el movimiento social que ha protagonizado cuatro marchas desde enero no muestra señales de ceder. Los voceros de la protesta insistieron en que la cordillera constituye una zona estratégica por sus importantes nacimientos de agua dulce para el Cibao, y que continuarán en las calles manteniendo la vigilancia hasta lograr garantías de que no se ejecutarán proyectos mineros.
El movimiento «Unidos Somos Más», que agrupa a residentes de los distritos municipales de Río Grande, San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba, ha logrado convocar en cada marcha a sacerdotes, campesinos, activistas ambientales, juntas de vecinos, asociaciones de ganaderos, legisladores y la Sociedad Ecológica del Cibao.
La primera gran movilización arrancó desde Canabacoa, transitó por tramos de la autopista Duarte y culminó frente al Monumento a los Héroes de la Restauración. El padre Nino Ramos, rostro visible del colectivo, ha sido directo en su diagnóstico del riesgo: al menos 300 ríos estarían en peligro si avanzan las iniciativas mineras, afectando a más de 80 comunidades, y no se trata de un único proyecto sino de varias empresas con concesiones en la zona. Los organizadores advirtieron que las actividades extractivas afectarían a 118 comunidades rurales de los municipios Altamira, Imbert y Guananico, lo que provocaría daños ambientales, desplazamientos y pérdidas en la producción agrícola.
La desconfianza tiene nombre propio
Uno de los puntos de mayor tensión en el debate es la secuencia de eventos que precedió a las concesiones. El padre Nino documentó que el 6 de septiembre de 2023, el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Minería validó la ubicación de los puntos de exploración y, dos días después, el 8 de septiembre, Medio Ambiente certificó que los terrenos solicitados no se encontraban dentro de áreas protegidas, lo que permitió al Ministerio de Energía y Minas continuar con el trámite. Para las comunidades, esa secuencia no es un detalle burocrático menor: es la prueba de que el proceso llegó más lejos de lo que el Gobierno admite con comodidad.
Pero el ministro Santos precisó que cualquier eventual transición hacia la explotación requeriría un nuevo proceso que incluye solicitud formal, evaluaciones técnicas del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, evaluación ambiental conforme a la Ley 64-00 y la aprobación final del presidente de la República.
Asimismo, subrayó que las inquietudes de las comunidades forman parte de un proceso natural dentro de una sociedad democrática, y reiteró el compromiso del Gobierno de mantener el diálogo transparente para evitar la desinformación. Del mismo modo, puntualizó que “el anular una concesión otorgada puede traer como consecuencia una litis indeseada contra el Estado”.
El ambientalista Nelson Estrella añadió otra dimensión al debate: señaló su alarma por los niveles contaminantes que ya afectan la cordillera Septentrional y advirtió que el problema no es exclusivo de esa zona, sino que alcanza otros puntos del país como la presa de Hatillo y diversas fuentes acuíferas, lo que demuestra los riesgos de seguir promoviendo proyectos extractivos sin controles rigurosos. Los manifestantes han invocado el caso de Hatillo como advertencia histórica de lo que puede ocurrir cuando los procesos de exploración y explotación no encuentran frenos a tiempo.
Los participantes cuestionaron lo que consideran contradicciones en el discurso oficial: «Se ha dicho que no hay interés en explotar, pero los procesos de exploración continúan», señaló un representante religioso durante una de las marchas, poniendo en duda la coherencia entre declaraciones y acciones.
Lo que piden y lo que el Gobierno no da aún
Las demandas del movimiento son concretas y van más allá de las palabras del ministro: exigen que el Ministerio de Energía y Minas emita una resolución formal que garantice que no se permitirá la explotación minera en la zona, y han solicitado al Congreso Nacional declarar la Cordillera Septentrional como Patrimonio Natural Nacional libre de minería y de toda actividad extractiva del subsuelo. También han expresado su oposición a la llamada Autopista del Ámbar, al considerar que atravesaría la cordillera de sur a norte, impactando bosques, suelos productivos, comunidades y fuentes de agua.
El Gobierno recibió esta semana un documento formal del movimiento «Unidos Somos Más». El ministro Santos prometió analizarlo «dentro del marco de la ley». La promesa de diálogo existe. La resolución escrita que las comunidades reclaman, todavía no.
El desafío será sostener la confianza pública y garantizar que cualquier decisión futura respete tanto el marco legal como las demandas sociales, en un contexto donde la vigilancia ciudadana se mantiene en aumento. Entre la exploración que el Estado defiende y la explotación que las comunidades temen, la Cordillera Septentrional sigue siendo el terreno en disputa más sensible del Cibao.
