Santo Domingo, RD. – Cuatro años después del primer anuncio de regulación, 32,048 propiedades activas, 114,938 habitaciones fuera del sistema y el 34% de los turistas alojándose fuera de la hotelería formal, el Ministerio de Turismo informó que ya levantó el registro con las informaciones de las propiedades que operan en la actualidad y que esperan ahora por las acciones de la Dirección General de Impuestos Internos para el tema de la fiscalidad.
“El problema no es de Turismo, el problema ahora es de Impuestos”, afirmó David Collado, ministro de Turismo al diario digital Arecoa, al ser consultado sobre el tema. Un tema sobre el que Vive Dominicana ha realizado varios trabajos periodísticos respondiendo a las inquietudes mostradas por el liderazgo empresarial del turismo dominicano.
El martes 12 de mayo, Vive Dominicana publicó el segundo de dos reportajes de investigación sobre los alojamientos turísticos de renta corta en República Dominicana. El primero, publicado el día anterior, había mapeado con precisión un mercado de 32,048 propiedades activas —de más de 45,000 registradas— que generan una gran oferta fuera de las reglas del turismo formal, con una tarifa diaria promedio de 91 dólares y una ocupación nacional del 43%. El segundo reportaje ponía esos números en perspectiva: un gigante sin reglas que incomoda al sector hotelero formal y que el Estado dominicano lleva años intentando ordenar sin lograrlo.
Al día siguiente, el ministro de Turismo, David Collado, respondía. No directamente a Vive Dominicana, sino a las declaraciones del empresario turístico Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, quien había llevado la demanda de regulación directamente al Palacio Nacional durante una sesión de seguimiento a los comités sectoriales de la iniciativa Meta RD 2036 en agosto del año pasado en la que planteó, entre otros temas, la regulación del hospedaje de renta corta.
También, en enero pasado retomó el tema la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, indicando que el sector hotelero aspiraba a una regulación “mucho más completa” del alquiler de corto plazo, como Airbnb, mediante un proyecto de ley que abarcara aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación de las unidades.
Una respuesta que se viene gestando desde hace cuatro años
La declaración del ministro no llega en el vacío dado que el gobierno viene trabajando el tema desde hace varios años para alcanzar una forma de regularizar el sector. En abril de 2022, Collado anunció por primera vez que el Gobierno regularía los alquileres de renta corta «en los próximos 60 días». En julio de ese mismo año, actualizó el plazo con una nueva promesa: la DGII tenía un borrador del mecanismo y había hecho vista pública. En marzo de 2023, el Gobierno anunció que se reuniría con Airbnb para avanzar en el proceso. Cuatro años después, el ministro confirma que el proceso sigue sin cerrarse y señala a la DGII como el eslabón que falta.
Vive Dominicana consultó a varios propietarios de alojamientos turísticos de corta duración en Santo Domingo y el interior del país y confirmaron que fueron abordado por el Ministerio de Turismo para registrarse en un sistema que les permitirá obtener licencias para operar cumpliendo una serie de requisitos. No establecieron nada sobre temas tributarios.
Lo que Collado sí precisó esta semana es la naturaleza del problema regulatorio pendiente. Explicó que el tema «iba en la Reforma Fiscal y realmente no se hizo la reforma y ahora se está buscando la manera de cómo hacerlo.» Y fue explícito en señalar que la responsabilidad tributaria tiene dos caras: la DGII «debe garantizar el cobro de los impuestos correspondientes a las unidades que se alquilan con fines comerciales, tanto al propietario que obtiene ganancias como a la agencia intermediaria que opera el alquiler.» Es decir, el problema no es solo gravar al apartamento que aparece en Airbnb, sino también a la propia plataforma que intermedia la operación desde el exterior.
