San Pedro de Macorís, RD. – El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que la propuesta de regulación de las propiedades de alquiler de corta estancia en República Dominicana tiene como objetivo fortalecer la seguridad de los visitantes y ordenar el sector, dejando claro que el Ministerio de Turismo (MITUR) no tiene competencia en materia tributaria.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita de supervisión a los trabajos de remozamiento de Playa El Faro, en San Pedro de Macorís, donde el funcionario respondió al debate generado por el proyecto de regulación de las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb.
«Nosotros no tenemos nada que ver con la parte fiscal. Ese es un tema del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Lo que buscamos es un paso de orden por razones de seguridad», afirmó Collado. Según explicó, el propósito del registro es conocer cuántas propiedades operan bajo esta modalidad, dónde están ubicadas y quiénes se hospedan en ellas, información que considera fundamental para la atención de emergencias y la protección de los turistas.
El ministro sostuvo que cuando ocurre un incidente que involucra a un visitante extranjero alojado en una vivienda de renta corta, las embajadas recurren al Ministerio de Turismo en busca de información. «Si ocurre una tragedia con un turista dentro de un apartamento de Airbnb, las embajadas acuden a nosotros. Por eso tenemos que tener las informaciones básicas y mantener organizado el turismo», expresó.
Las declaraciones se producen en momentos en que el Gobierno decidió replantear el proceso de regulación de las rentas cortas tras las observaciones formuladas por propietarios, administradores, plataformas digitales y representantes del sector inmobiliario.
Una regulación en pausa para abrir el diálogo
El debate tomó un giro la semana pasada cuando el MITUR decidió retirar de consulta pública el proyecto de resolución que crearía el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur) para las propiedades de alquiler de corta estancia y anunció la conformación de una mesa de diálogo con los distintos actores del sector antes de aprobar un nuevo marco regulatorio.
La decisión fue comunicada a la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO), organización que había solicitado extender la consulta pública y abrir un proceso participativo para revisar la propuesta normativa.
Como parte del nuevo proceso, el equipo jurídico de ADORECO fue invitado a integrar la mesa técnica de discusión, donde presentará propuestas legales y operativas en representación de propietarios, administradores de inmuebles, empresas de gestión de propiedades y otros actores vinculados al mercado de las rentas cortas. La asociación valoró la apertura al diálogo y reiteró que respalda una regulación, siempre que sea construida mediante un proceso consensuado y técnicamente fundamentado.
Un sector en rápido crecimiento
El proyecto sometido originalmente a consulta establecía la obligatoriedad de registrar toda propiedad destinada al alquiler turístico de corta estancia antes de ser promocionada en plataformas digitales, además de fijar requisitos mínimos de operación y seguridad.
De acuerdo con cifras del propio Ministerio de Turismo, en República Dominicana operan alrededor de 60,000 propiedades de renta corta, que representan más de 140,000 habitaciones, convirtiéndose en un segmento cada vez más relevante dentro de la oferta de alojamiento turístico del país.
La iniciativa ha generado un intenso debate entre el sector hotelero tradicional, que reclama condiciones regulatorias similares para todos los prestadores de alojamiento, y los representantes de las rentas cortas, quienes consideran necesaria una regulación diferenciada que reconozca las particularidades del modelo de economía colaborativa.
Seguridad y ordenamiento, el eje de la propuesta
Con sus declaraciones en San Pedro de Macorís, Collado buscó despejar las críticas que vinculan la regulación con una eventual reforma tributaria, insistiendo en que el interés del Ministerio de Turismo se limita al ordenamiento del sector y a garantizar la seguridad de los visitantes.
El funcionario enmarcó esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional del turismo dominicano, que incluye planes de ordenamiento territorial en destinos como Verón-Punta Cana, Puerto Plata, Samaná, La Romana y Las Terrenas, además de nuevos proyectos de formación para el capital humano del sector.
Mientras se instala la mesa de diálogo con ADORECO y los demás actores involucrados, el futuro marco regulatorio de las rentas cortas permanecerá en revisión, con el objetivo de alcanzar un consenso que combine seguridad para los turistas, reglas claras para los operadores y condiciones de competencia equilibradas dentro de la industria turística dominicana.
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