Santo Domingo, RD. – La discusión sobre el futuro de las áreas protegidas dominicanas vuelve a colocar frente a frente dos intereses que el Estado está obligado a conciliar: la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento turístico de esos espacios. Esta vez, el debate se concentra en tres lugares de alto valor ecológico y turístico —el Parque Nacional Valle Nuevo y los monumentos naturales Cabo Samaná e Isla Catalina—, luego de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) cuestionaran decisiones del Ministerio de Medio Ambiente que, a su juicio, estarían facilitando una creciente participación privada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Las entidades académicas calificaron como preocupante una tendencia hacia la “privatización y facilitación de espacios” pertenecientes al patrimonio natural de la nación y reclamaron al Ministerio de Medio Ambiente explicar públicamente qué procedimientos, autorizaciones, contratos o concesiones han permitido la administración privada de determinadas áreas o el desarrollo de infraestructuras con fines turísticos. Su planteamiento central no es solamente quién administra un servicio, sino bajo qué reglas, con qué nivel de transparencia, qué zona puede ser intervenida y hasta dónde puede llegar la actividad comercial dentro de un territorio protegido.
El reclamo adquiere especial relevancia porque la propia legislación dominicana establece una protección reforzada para estos territorios. Las organizaciones recuerdan que el artículo 16 de la Constitución define las áreas protegidas, la vida silvestre y los ecosistemas que integran el SINAP como patrimonio de la nación y establece su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible. También invocan la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, cuyo artículo 3 establece, entre sus principios, que los terrenos pertenecientes a las áreas protegidas no pueden ser transferidos en propiedad a particulares.
Esto introduce una distinción fundamental para entender la controversia: una concesión para prestar servicios dentro de un área protegida no equivale jurídicamente, por sí misma, a una transferencia de propiedad del territorio. Precisamente sobre esa diferencia se ha defendido el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de Valle Nuevo. La institución sostiene que las concesiones ecoturísticas autorizan a operadores privados a prestar determinados servicios en espacios delimitados, pero que la propiedad y el control del área permanecen en manos del Estado.
El primer caso que encendió las críticas es Valle Nuevo, uno de los territorios naturales más emblemáticos de la Cordillera Central. El Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, conocido como Valle Nuevo, forma parte de la llamada “Madre de las Aguas” por su extraordinaria importancia hidrológica. El Ministerio de Medio Ambiente destaca que el parque contribuye a la regulación de importantes cuencas y que su protección resulta estratégica para el abastecimiento de agua y la generación hidroeléctrica.
Valle Nuevo, además, arrastra una larga historia de conflictos entre conservación, agricultura y ocupación humana. En distintos momentos las autoridades han intervenido para limitar actividades agrícolas y ganaderas dentro del parque. En 2021 el Ministerio puso en marcha un plan integral de rescate que contempla la recuperación de los espacios intervenidos y la prohibición permanente de actividades agrícolas y ganaderas en determinadas zonas.
En 2024, el propio Ministerio informó de la paralización de intervenciones no autorizadas en sectores del parque, entre ellas movimientos de tierra, construcción de infraestructuras para cabañas, apertura de caminos, instalación de tuberías y alambrados y colocación de letreros de venta de terrenos. Es decir, la discusión sobre el uso privado de Valle Nuevo no surge en un vacío: el parque ha sido durante años escenario de presiones para usos productivos, residenciales y recreativos.
El nuevo episodio se relaciona con el área de acampar Jardín del Edén. En marzo de 2026, Medio Ambiente anunció que la administración y operación de ese espacio sería asumida por la empresa Equipa-T, seleccionada mediante una convocatoria del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. El esquema contempla reservaciones mediante una plataforma administrada por el operador y el cobro por los servicios asociados al uso del área de camping.
El Ministerio respondió en abril a las críticas que ya entonces hablaban de “privatización” de Valle Nuevo. Su posición fue categórica: el parque no ha sido privatizado, el público conserva el derecho de acceso y la concesión se limita a la prestación de servicios en una zona de uso público previamente definida. Según la institución, el proyecto comenzó en 2021 y procura ordenar una actividad de camping que anteriormente se realizaba sin suficiente regulación.
La polémica, sin embargo, tiene un punto que explica la preocupación de las organizaciones ambientales y académicas: la frontera entre concesionar servicios y permitir una apropiación funcional de determinados espacios de uso público. Para Medio Ambiente, la concesión es una herramienta de gestión ambiental; para sus críticos, el problema está en la falta de información pública suficiente sobre cómo se seleccionan los operadores, qué compromisos asumen, cuánto tiempo duran las concesiones, cuánto pagan al Estado, qué infraestructura pueden manejar y cuáles son los mecanismos para impedir que una concesión termine convirtiéndose en una ocupación privilegiada del territorio.
El segundo escenario señalado es Cabo Samaná, un monumento natural situado en la península de Samaná y reconocido oficialmente dentro del SINAP. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene a Cabo Samaná dentro de la categoría de monumentos naturales y cuenta desde hace años con instrumentos de planificación para regular su uso público.
En este caso, la crítica de la Academia de Ciencias y la UASD se dirige especialmente al plan de manejo. Las entidades sostienen que la propuesta permitiría construcciones e infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo y cuestionan, además, la intención de establecer una zonificación para el área de amortiguamiento que, según su interpretación, entraría en contradicción con la Resolución 0010-2018 del propio Ministerio.
El expediente público confirma que el Ministerio ha trabajado en mecanismos de uso público para Cabo Samaná. Un documento oficial disponible en su portal de transparencia contiene un programa de uso público del plan de manejo y contempla expresamente procedimientos competitivos de selección y contratos de concesión para determinadas actividades. También establece una zonificación del monumento.
Ese dato resulta importante porque muestra que el debate no gira necesariamente en torno a si puede existir actividad turística en Cabo Samaná. La legislación y los instrumentos de manejo contemplan el uso público y mecanismos de concesión. La discusión es qué actividades pueden autorizarse, en qué zonas, con qué intensidad y bajo qué salvaguardas ambientales, especialmente cuando se trata de la zona núcleo de un monumento natural.
El tercer caso es Isla Catalina, probablemente el que conecta de manera más directa la conservación con la expansión de la industria turística dominicana. El territorio está reconocido oficialmente como Monumento Natural Isla Catalina dentro del SINAP y constituye desde hace años uno de los principales atractivos naturales del entorno turístico de La Romana.
Aquí la presencia empresarial es un hecho documentado. En enero de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente anunció un acuerdo con Costasur Dominicana para el manejo de operaciones de turismo sostenible en Isla Catalina. El convenio, sustentado en una autorización ambiental, permite al concesionario prestar servicios ecoturísticos como caminatas, fotografía, observación de flora y fauna, buceo y deportes acuáticos no motorizados, además de servicios logísticos relacionados con el transporte de visitantes.
Pero el movimiento empresarial en Catalina fue más allá. En mayo de 2026, Casa de Campo Resort & Villas anunció una alianza estratégica con MSC Group para el desarrollo y operación conjunta de Isla Catalina. De acuerdo con la información divulgada por Costasur, el proyecto contempla mejorar la infraestructura y la experiencia del visitante, mientras Casa de Campo asumiría la operación de las facilidades y del club de playa.
Ese anuncio ayuda a explicar la preocupación expresada ahora por la Academia de Ciencias y la UASD. Las organizaciones sostienen que las instalaciones hoteleras y facilidades turísticas vinculadas a inversionistas privados no fueron suficientemente informadas durante su proceso de desarrollo y que la intervención terminó siendo conocida cuando las obras estaban avanzadas.
Al mismo tiempo, conviene precisar que la participación privada en Isla Catalina no es clandestina en términos institucionales: el propio Ministerio publicó el acuerdo con Costasur y la empresa Casa de Campo divulgó posteriormente su alianza con MSC. El punto que queda abierto al escrutinio público es si la información, los permisos, los estudios ambientales, los términos de las concesiones y las condiciones de desarrollo fueron conocidos oportunamente por la ciudadanía y por las instituciones académicas y ambientales que cuestionan el proceso.
El propio Ministerio reconoce que la participación privada mediante concesiones no constituye una excepción aislada. En su explicación sobre Valle Nuevo indicó que existen alrededor de 35 concesiones ecoturísticas dentro del SINAP, incluyendo el Parque Nacional Cotubanamá —en cuyo ámbito se encuentra la isla Saona— y los monumentos naturales Isla Catalina, Dunas de Las Calderas y Saltos de la Damajagua, entre otros.
Por tanto, lo que está emergiendo es una discusión mucho más amplia que tres casos particulares. República Dominicana está tratando de convertir parte de su extraordinario patrimonio natural en escenarios para el ecoturismo y la recreación, mientras busca recursos y modelos de gestión que permitan mantener esos espacios operativos. La incorporación del sector privado puede aportar inversión, infraestructura, capacidad de operación y servicios especializados. Pero también plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para mantener el interés colectivo por encima de los intereses comerciales.
La controversia es particularmente sensible en un país donde el turismo representa uno de los principales motores económicos y donde la naturaleza constituye uno de sus grandes activos competitivos. Playas, bosques, montañas, arrecifes, cuevas, humedales y áreas de alta montaña son parte esencial de la oferta que atrae visitantes. Precisamente por eso, convertir el patrimonio natural en producto turístico sin deteriorarlo constituye uno de los principales desafíos de la política turística dominicana.
El reclamo de la Academia de Ciencias y la UASD apunta, en última instancia, a la necesidad de que el Estado haga pública la trazabilidad de cada proceso: quién solicita la concesión, quién la otorga, mediante qué procedimiento, por cuánto tiempo, qué inversiones se autorizan, qué contraprestación recibe el Estado, qué estudios ambientales fueron realizados, cuáles son las áreas excluidas de intervención y cómo se fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones.
Las organizaciones académicas han pedido a Medio Ambiente precisamente eso: explicaciones públicas sobre los tres casos y transparencia en los mecanismos mediante los cuales se ha permitido la participación de actores privados.
Hasta el momento, la respuesta pública más explícita localizada corresponde a Valle Nuevo, donde Medio Ambiente niega que exista privatización y defiende la concesión como un mecanismo de gestión del uso público. En el caso de Isla Catalina, por el contrario, el propio Ministerio reconoce formalmente la existencia del acuerdo con Costasur, mientras que la alianza Casa de Campo-MSC confirma el creciente interés empresarial por desarrollar servicios turísticos en la isla. En cuanto a Cabo Samaná, los documentos oficiales muestran que existen instrumentos de planificación que contemplan uso público y procedimientos de concesión, mientras las organizaciones académicas cuestionan que el nuevo esquema pueda abrir espacio a infraestructura comercial dentro de zonas de alta protección.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a la palabra “privatización”. El verdadero desafío institucional es determinar dónde termina una concesión legítima de servicios ecoturísticos y dónde comienza una utilización privada incompatible con la naturaleza jurídica y ambiental del área protegida. Esa frontera debe estar definida por la Constitución, la Ley 202-04, los planes de manejo, las autorizaciones ambientales y, sobre todo, por procedimientos públicos, verificables y sometidos a fiscalización.
Para las autoridades ambientales, el reto será demostrar que la participación empresarial puede coexistir con la conservación sin convertirse en una vía para el uso privilegiado de bienes que pertenecen a todos los dominicanos. Para la Academia de Ciencias y la UASD, el reto es mantener la vigilancia científica y ciudadana sobre decisiones que pueden determinar el futuro de algunos de los territorios naturales más valiosos del país.
En el fondo, Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina representan tres expresiones distintas de un mismo dilema nacional: cómo aprovechar económicamente la naturaleza sin convertir el patrimonio natural colectivo en un conjunto de espacios de acceso, uso o beneficio preferencial para quienes tienen capacidad de inversión. La respuesta tendrá que encontrarse en la transparencia, la ciencia, la aplicación estricta de la legislación y una definición clara de hasta dónde puede llegar el turismo dentro de las áreas protegidas de República Dominicana.
 cuestionaran decisiones del Ministerio de Medio Ambiente que, a su juicio, estarían facilitando una creciente participación privada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).){kind=link}