Santo Domingo, RD. – Hay una paradoja en el corazón del turismo dominicano que los números hacen imposible ignorar. El país que en 2025 recibió casi nueve millones de visitantes no residentes vía aérea, pero que simultáneamente alberga un mercado de alojamiento turístico que opera fuera de los radales legales que verifiquen estándares mínimos de calidad, seguridad o fiscalidad, y que ya supera en volumen de habitaciones a toda la planta hotelera formal que tardó décadas en construirse.
En 2025, el 34% de los turistas que visitaron República Dominicana se alojó en establecimientos de renta corta, de un total de 8,860,709 visitantes que llegaron por vía aérea, con un aumento de 17.6% en la demanda respecto al año anterior. Y es ese mercado, que mueve divisas, que genera inversión inmobiliaria, que atrae a un perfil de turista diferente al del resort, no cumple un mínimo de las regulaciones que aplican para el sector hotelero formal.
El sector hotelero lleva años denunciando lo que describe como una competencia que juega con cartas marcadas. Para Asonahores, el desequilibrio es estructural dado que los hoteles pagan impuestos, generan empleo formal y cumplen con todas las regulaciones, mientras que plataformas como Airbnb, Booking, Expedia, Vrbo y otras funcionan sin un aporte claro al Estado y sin asumir responsabilidades sobre sus operaciones, distorsionando el mercado y desincentivando la inversión en el sector hotelero tradicional.
La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, ha sido la voz más persistente y articulada de ese reclamo. En enero pasado, en medio del debate sobre el tema, planteó que el sector aspira a una regulación «mucho más completa» que abarque aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación, e insistió en que la DGII debe garantizar el cobro de impuestos tanto al propietario que obtiene ganancias como a la agencia intermediaria que opera el alquiler. «Cada unidad debe pagar los impuestos que le corresponden», puntualizó.
Pero el reclamo no se agota en lo fiscal. Lendor añadía una dimensión que va más allá del debate tributario pues implica un tema de seguridad.
“Nos va a ayudar a todos tener un sistema regulado. Necesitamos cámaras de seguridad, necesitamos dejar una identificación cuando nos vamos a registrar… y eso evita muchas cosas, evita trata, evita malestares y podemos cuidar mejor la zona”, planteó en su momento la vicepresidenta de Asonahores.
El gremio también propone criterios de ordenamiento territorial que establezca limitaciones de unidades por kilómetro cuadrado, similar a lo que se exige a los hoteles, para asegurar la sostenibilidad del modelo en zonas donde la proliferación de alojamientos informales ya presiona el precio de la vivienda residencial hasta un 30% en barrios de Santo Domingo, Santiago y Samaná.
La respuesta del gobierno ha sido la historia de una promesa repetida y una acción postergada amparada en una reflexión prolongada. Desde 2022 el ministro de Turismo, David Collado anunció que el acuerdo con Airbnb era inminente. En 2024 dijo que se firmaría en febrero. Y en enero de 2025 llegó la medida estatal más concreta hasta el momento fue el Decreto del Poder Ejecutivo 30-25 que obligaba a plataformas digitales extranjeras a registrarse en el país y actuar como agentes de retención fiscal desde julio de 2025.
La medida establecía la aplicación del ITBIS a servicios digitales utilizados, consumidos o captados en el país, afectando plataformas de streaming (Netflix, Spotify, Disney+), publicidad en línea (Facebook Ads, Google Ads), intermediación digital (Uber, Airbnb y otras), almacenamiento en la nube y venta de productos digitales como libros electrónicos y videojuegos.
Duró apenas cinco semanas. El Gobierno derogó la medida el 3 de marzo siguiente en una decisión que coincidió con la advertencia del expresidente Trump de aplicar aranceles a países que impusieran tributos digitales a empresas estadounidenses como Airbnb, Amazon o Google.
La retirada fue leída en el sector privado como una capitulación ante la presión geopolítica para luego entrar a un segundo debate sobre un proyecto de ley que pretendía eliminar los incentivos a la industria de viajes y turismo en el país.
El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, fue categórico tras la derogación y planteó en su momento que regular las rentas cortas no requería una reforma fiscal.
“Nosotros entendemos que ese sector debe ser regulado porque es una competencia desleal a los hoteles y además, desde el punto de vista de la seguridad del país, es bueno que haya el control”, dijo Bancalari en unas declaraciones sobre el tema dadas en marzo del año pasado.
La plataforma de AIRBNB, positiva, pero insuficiente?
Ante la parálisis regulatoria del Estado, Airbnb tomó en octubre de 2024 una iniciativa propia que el sector hotelero rechazó como insuficiente y conveniente solo para la plataforma.
La empresa lanzó en su sitio web un apartado titulado «Anfitriones responsables en República Dominicana», instando a los propietarios a registrarse ante la DGII para el pago de ITBIS e ISR, pero reafirmando que es el anfitrión, y no la plataforma, el responsable del cumplimiento fiscal.
El contraste con su comportamiento en otros mercados es revelador: Airbnb retiene impuestos directamente en otros 17 países donde opera, pero en República Dominicana traslada esa responsabilidad a sus anfitriones.
Asonahores había pedido exactamente lo contrario: que las plataformas actúen como agentes de retención del ITBIS, propuesta que Airbnb calificó de desventajosa para su modelo frente a otras aplicaciones que no procesan pagos.
La prensa recoge las declaraciones de Carlos Muñoz, director de Asuntos Públicos para Centroamérica y Caribe de la empresa, que en su momento intentó tender un puente: afirmó que la plataforma está dispuesta a compartir la experiencia internacional de regulación y que «sí existe una manera responsable y eficiente de cumplir con la obligación del Estado» sin perjudicar a los dominicanos que invierten en bienes raíces. La frase sonó más a estrategia de relaciones públicas que a compromiso concreto.
El horizonte legislativo ofrece una salida posible, aunque incierta. A finales de 2025 se presentó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Condominios, que entre otros aspectos regularía la renta corta dentro de residenciales y establecería un régimen de registro obligatorio, cumplimiento tributario y supervisión estatal, con un código único de registro para cada unidad alquilada vía plataformas digitales. Y Asonahores y el Ministerio de Turismo trabajan en los diálogos finales de un borrador de reglamento sectorial cuya aprobación definitiva sigue pendiente.
Una cara local para negociar
El sector de alojamientos turísticos de rentas cortas en República Dominicana presenta una cara local de organización. Se trata de la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco) que en su momento admite una regulación, pero aspirando que se construya con consenso y adaptada a la realidad dominicana.
En declaraciones al Periódico Hoy en marzo de 2025, la presidenta de la entidad, Yahaira Sosa, insistió en que el sector necesita una regulación que defina claramente quiénes son los actores, qué hacen y cómo deben operar.
“Adoreco no se opone al cobro de impuestos, siempre que sean justos y no desincentiven la inversión”, afirmó Sosa advirtiendo que una carga fiscal excesiva puede hacer inviable el negocio para muchos, especialmente si el anfitrión necesita contratar administradores de propiedades que cobran hasta un 30 % de comisión.
Los gestores de empresas que administran propiedades de rentas cortas defienden el posicionamiento y consolidación del sector, pero admiten la necesidad de regulaciones. Francisco Irizarry, CEO de Yellowkey Rentals, en declaraciones citadas por El Inmobiliario, destacaba que “el reto por delante es elevar la calidad del servicio y profesionalizar la gestión para mantener la competitividad”.
“La regulación debe ser inteligente y no restrictiva, debe proteger a las comunidades sin ahuyentar la inversión ni afectar la dinámica turística”, plantea Irizarry.
Mientras tanto, el mercado sigue creciendo sin esperar por las instituciones: al cierre de 2024, la oferta en Airbnb superaba a la hotelera en más de un 37%, y en el primer trimestre de ese año, mientras las habitaciones hoteleras crecían un 0.7%, la renta corta aumentaba un 2.5%, con 3,035 nuevas plazas frente a 618 habitaciones hoteleras adicionales.
República Dominicana tiene en este debate no solo un problema fiscal sino una decisión de modelo: un país que aspira a consolidarse como destino de turismo de calidad debate si puede permitirse que más de un tercio de su oferta de alojamiento opere en la informalidad, sin garantías para el turista, sin aporte al erario y sin responder ante nadie cuando algo sale mal.
La oferta hotelera formal sobrepasa las 94 mil habitaciones, pero las propiedades de renta corta suman más de 32 mil activas de más de 45 registradas en plataformas digitales en el primer trimestre del año.
Así, el gigante sin reglas sigue creciendo. Y se espera que el Estado encuentre el momento oportuno para poner límites que de mayor formalidad y seguridad a ese sector del turismo dominicano.
